José Pedro Potocar, detenido y acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a comerciantes, presentó su renuncia como jefe de la Policía de la Ciudad. Lo hizo luego de que la Cámara del Crimen porteña le rechazara el pedido de excarcelación que había solicitado. Según informaron fuentes oficiales, la conducción de la Policía de la Ciudad continuará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, quien había asumido en esa función tras la suspensión provisoria de Potocar. El ex jefe de la Fuerza, nombrado en diciembre del año pasado, está preso desde el 25 de abril. Uno días antes había sido separado de su cargo, de manera preventiva, luego de que trascendiera que su nombre figuraba en una causa por el cobro de coimas a comerciantes y trapitos de Núñez y Saavedra. El dinero, según la investigación del fiscal José María Campagnoli, era recaudado por agentes de la comisaría 35°. Sin embargo, la escala de responsabilidades ascendería en la estructura de la por entonces Policía Federal. En ese momento, Potocar estaba al frente de la Dirección General de Comisarías, por lo que tenía a su cargo a todas las seccionales porteñas. Entre las pruebas que el fiscal utilizó para acusar a Potocar, figuran un cuaderno secuestrado en la comisaría 35°. Allí había anotaciones que, según Campagnoli, demostrarían que el Dirección General de Comisarías recibía parte del dinero recaudado. El fiscal también tuvo en cuenta las declaraciones de dos policías involucrados en el expediente, quienes señalaron la responsabilidad de los superiores. Tras su suspensión, Potocar se presentó a declarar ante el juez Ricardo Farías. Ese mismo día quedó detenido. Su situación judicial se había complicado todavía más esta semana: el miércoles había sido procesado con prisión preventiva como presunto jefe de una asociación ilícita, con un embargo de 450 mil pesos. En total, son diez los policías involucrados en la causa en la que se investiga si efectivos de la seccional 35°. Todos están acusados de cobrarle dinero a comerciantes y a trapitos para garantizarle "protección". FUENTE: CLARIN