El martes pasado Vigo ordenó a los fiscales que comanda declinar todo pedido de colaboración al OI y solicitar la devolución de los trámites en los que participa como órgano asistente a sus investigaciones. Se fundamentó en varias presentaciones críticas al desempeño de Sain en su cargo de ministro mientras gozaba de licencia en el Poder Judicial. Explícitamente aludió a la realizada por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y de diputados de la provincia, además del presidente de la Comisión de Juicio Político en la Legislatura. Arietti se refiere allí a conductas sistemáticas de Sain “de tipo injuriantes, intimidatorias y difamatorias” que realizó “en perjuicio de varias personas e instituciones”.

Para Somaglia la decisión de Vigo de que los fiscales no acudan al auxilio de los miembros del OI es de facto y sin sustento legal alguno. El titular de Justicia llama la atención sobre la importancia que el órgano dirigido nuevamente por Sain adquiere "para una eficaz y efectiva política de persecución penal de la criminalidad compleja y organizada" en el abordaje de los hechos delictivos "que comprometen gravemente los intereses generales de la sociedad".

El funcionario subraya que Vigo con su instrucción "lesiona gravemente el principio de independencia y autonomía funcional de los fiscales, siendo ellos, quienes tienen a su exclusivo cargo el ejercicio de la acción penal, la dirección de las investigaciones, y la potestad de requerir en cada caso, bajo su dirección y supervisión, la colaboración del Organismo de Investigaciones".

Somaglia dice que la conducta de Vigo "conspira contra la propia institución del Ministerio Público de la Acusación en cuanto a la finalidad de su creación, pues impedirá el esclarecimiento de hechos delictivos en curso y futuros". Por eso le pide a Baclini que gire la nota que le cursó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de la Provincia, aludiendo al artículo de la ley que la faculta como encargada de su posible remoción, y que defina si un fiscal debe investigar la conducta del fiscal regional de Rafaela como un ilícito.

Fuente:La Capital