Los legisladores argumentan que el desempeño en la cartera de seguridad de Sain hasta la semana pasada mientras conservaba su cargo como director del OI “genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”.

El planteo fue formulado por diputados de los bloques del Frente Progresista, de Juntos por el Cambio y de Somos Vida. No firmaron las bancadas encabezadas por los diputados Rubén Giustiniani, Carlos del Frade, Nicolás Mayoraz y la totalidad de los legisladores del PJ. Quienes suscriben son Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco, Gabriel Real, Mónica Peralta, Julián Galdeano, Amalia Granata, Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Sergio Basile, Fabián Bastía, Alejandro Boscarol, Juan Cruz Cándido, Gabriel Chumpitaz, Esteban Lenci, María Laura Corgnalli, Silvana Di Stéfano, Marlen Espíndola, Clara García, José León Garibay, Marcelo González, Érica Hynes, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti, Jimena Senn, María Ximena Sola y Lorena Ulieldín.

El argumento de los legisladores tiene en cuenta “comportamientos que el aludido funcionario licenciado adoptó en su cargo como ministro, ejerciendo, actuando y evidenciando su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacio político e incluso del suyo propio”.

Los promotores del pedido señalan que de retomar Sain su cargo en el órgano del Miniterio Público de la Acusación (MPA) que asiste a los fiscales en delitos complejos implicaría volver patentes las incompatibilidades que no se le reprocharon al momento de tomar la licencia para hacerse cargo de esa cartera. Lo que supondrá que se produzcan, indican los diputados, “los nefastos efectos que precisamente la Constitución Provincial y las leyes 10160, 13013 y 13459 pretendieron evitar”.

Los legisladores justifican con esa mención explícita a Baclini por no oponerse en su momento a que Sain asumiera como ministro y tomara esa licencia del OI. Pero dicen que “ahora resulta claro que quien fue ministro de Seguridad -en la esfera del Poder Ejecutivo- no puede volver a ser funcionario de un área dentro de la órbita del Poder Judicial tan sensible como el OI y que tuvo bajo su control, de la cual siguió siendo el Director, licenciado, pero con la expectativa de volver, resultando evidente la incompatibilidad y prohibición de ser funcionario judicial nuevamente".

Esas incompatibilidades fueron planteadas en una ley que de manera exprés y sin tratamiento en el recinto votaron las cámaras de Diputados y Senadores en noviembre pasado. Esa ley modificaba el régimen de incompatibilidades de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y del Organismo de Investigaciones. Pero fue vetada un mes después por el gobernador Omar Perotti.

Pero la oposición al gobernador, con mayoría en Diputados, y también en el Senado merced al mayoritario bloque disidente del PJ, tratará casi con seguridad esa norma vetada al reanudarse el período de sesiones ordinarias, con lo que si se transforma en ley en mayo próximo ya no podrá sino entrar en vigencia.

Los legisladores indican que pese a la vigencia de ese veto “elementales razones de sentido común impiden convalidar la reincorporación y eventual permanencia del señor Saín al OI por cuanto han sobrevenido causales que lo tornan inhábil para el desempeño del cargo en cuestión, debiendo por tanto iniciarse el procedimiento tendiente a su remoción”.

Destacan en el planteo que uno de los motivos para no admitir su regreso en el OI son las declaraciones públicas que Sain efectuó contra el propio Baclini a quien atribuyó ineptitud para desempeño de su cargo de fiscal general. Los diputados adjuntan un extenso listado de publicaciones de Sain en su cuenta de Twitter para destacar el comportamiento que le recriminan. También indican que hay en curso un pedido de juicio político ante la Legislatura y que el mismo Sindicato de Prensa de Rosario en dos ocasiones manifestó su repudio por comentarios despectivos o agraviantes hacia periodistas. Todo se consigna como conductas que tornan inviable, en la óptica de los legisladores, su retorno a ese puesto.

Sain se presentó el lunes pasado en la sede de Santa Fe en el OI con una escribana para reasumir su cargo. Allí le entregaron una nota del fiscal general en la cual se le exhortaba a cumplir requisitos relacionados con la finalización de su licencia para poder considerar su retorno. A lo que Sain replicó con una nota manuscrita que consideraba tal pedido impertinente.

Sain considera que la eventual sanción de una ley que modifique el régimen de incompatibilidades no puede aplicarse de modo retroactivo ya que cuando él fue designado en el cargo que concursó no regían las restricciones que le norma vetada aspira a implantar.

Fuente:La Capital