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POLITICA

20 de marzo de 2021

Una puja en puerta ante el eventual regreso de Sain al Organismo de Investigaciones

El ex ministro planteó su intención de retornar a su cargo anterior. Pero hace seis meses la Legislatura aprobó una ley para impedirlo y le darán pelea. Hoy la ley está vetada pero los legisladores insistirán con ella en sesiones ordinarias

Marcelo Sain ya anunció su aspiración de volver a su cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI), al que accedió por concurso en 2018, en un trámite donde no hubo otros aspirantes. Se trata de un cuerpo de investigación que asiste a los fiscales en las pesquisas de delitos complejos, en especial las que combinan violencia con ilícitos económicos. Pero el retorno del exministro de Seguridad a esa dependencia será de nuevo un camino que reimplantará la controversia política.

Para asumir el cargo en el OI Sain tuvo que esperar el aval de la Corte Suprema de la provincia, que fue por cuatro votos contra dos. Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Roberto Falistocco convalidaron el nombramiento, mientras que Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler votaron en contra, al considerar que el sistema de concursos de la provincia es inconstitucional.

Sain tomó posesión del cargo en el OI el 19 de diciembre de 2018. Hasta el momento de concursar, seis meses antes, había actuado como asesor de seguridad en el gobierno de Miguel Lifschitz durante la gestión ministerial de Maximiliano Pullaro. Pero un año después, al ganar las elecciones, Omar Perotti lo convocó como ministro de Seguridad. Para aceptar el cargo Sain pidió y obtuvo una licencia en el Organismo de Investigaciones que también refrendó la Corte Suprema de la provincia.

Las disputas políticas que Sain libró desde el inicio de su gestión lo alejaron del Frente Progresista y en especial de los senadores peronistas comandados por Armando Traferri. Casi en sintonía con la investigación penal contra Traferri por el juego clandestino, que tuvo un pedido de desafuero que no prosperó por oposición del Senado, la Legislatura sancionó dos leyes de manera exprés y sin debate previo, que apuntaron directamente al ahora ministro saliente. A tal punto que se las conoció como "leyes anti Sain". Esas leyes hoy están vetadas pero en las próximas sesiones ordinarias sus impulsores insistirán y aducen tener el número para refrendarlas. Si logran su propósito el gobernador no podrá vetarlas nuevamente.

El aspecto más debatido fue una enmienda a la ley 13.013 que regula el funcionamiento del MPA y sus órganos de apoyo como el Organismo de Investigaciones (OI). El argumento de los legisladores es que ningún funcionario que cumpla actividad en otros poderes del Estado puede luego estar en órganos del Poder Judicial para investigar, eventualmente, conductas de los elencos de gobierno que integraron.

La modificación del artículo 45 de esa ley fue impulsada por los legisladores del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Claudio Palo Oliver. La misma definió como incompatible con la función de fiscal general, fiscal regional, fiscal y fiscal adjunto, así como para los directores de órganos de apoyo (como el que concursó Sain) intervenir directa o indirectamente en política, ejercer o tener licencia en empleos públicos y privados, o el desempeño como intendente, ministro y/o secretario del Poder Ejecutivo local, provincial o nacional. También el desempeño como funcionario de cualquier nivel en funciones relativas a la seguridad.

En su momento los diputados del PJ se retiraron de la sesión porque señalaron que la norma, que salió el mismo día tras ser aprobada sobre tablas en el Senado, era un traje a medida para condicionar a Sain el retorno al OI en caso de cesar en su cargo de ministro. Pero además de esa hubo otra modificación relevante: la que disponía que los titulares de los organismos técnicos de la fiscalía quedarían sujetos al mismo mecanismo de remoción de los fiscales y fiscales adjuntos que desde 2017, en una ley polémica cuya constitucionalidad está en discusión, está en manos de los legisladores.

Sain alegó desde el primer día que la ley no podrá tener efecto retroactivo dado que tanto su nombramiento como la licencia que obtuvo para pasar a la cartera de Seguridad, lo mismo que la potestad de retornar a su cargo concursado, son previas al dictado de la norma. Pero con la modificación legal del régimen disciplinario, si fuera acusado por alguna falta, su continuidad en el OI quedaría en la decisión de diputados y senadores. Y allí como se sabe no goza de simpatías en la mayoría de las cámaras.

Hoy no obstante el proceso disciplinario lo detenta la Auditoría General de Gestión y el Fiscal General. Actualmente las leyes sancionadas de manera exprés no están vigentes porque el gobernador Omar Perotti las vetó en diciembre pasado. Pero fuentes parlamentarias indican que sus impulsores insistirán con ellas en dos meses. "No son leyes anti nadie. Son proyectos que regulan con lógica las funciones de investigación de la actividad política", sostienen. Esté o no Sain en el Organismo de Investigaciones, aducen, los sectores que las promovieron volverán a hacerlo el 2 de mayo próximo, inmediatamente después de la apertura de las sesiones ordinarias.

Más allá de la viabilidad de esa discusión existen otras trabas que hacen a las relaciones personales y políticas. Hace seis meses al menos que Sain no tiene diálogo con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, a quien ha calificado públicamente como incompetente. El titular del OI depende en su cargo directamente del fiscal general. Que fue quien le tomó juramento en 2018.

El OI tiene actualmente unos cien empleados en comisión de servicio que asisten a los fiscales en delitos complejos. Han gestionado o participado de investigaciones económicas en los casos de las organizaciones criminales de Esteban Alvarado, en las causas por juego clandestino que incidió en la separación del fiscal regional de Rosario, en el atentado homicida al Casino de Rosario que ubicó a los implicados y en pesquisas de enriquecimiento ilícito presunto de oficiales superiores de la policía en las áreas de Administración y Finanzas.

Fuente:La Capital

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