Para los lectores desatentos, “antojadizo”  debe ser leído como que es una decisión que no tienen sustento técnico y que surge de un antojo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Pod´ria haber definido 100, 500 o 1.000 metros, pero definió 1.095.

En agosto de 2019, y tras la denuncia de una vecina del lugar que denunció diversas enfermedades por la presencia de agroquímicos en el agua potable, ese magistrado aplicó el “principio precautorio” y estableció esa fuerte restricción, que dejó fuera de producción -al menos con la modalidad más convencional- cerca de 6.000 hectáreas de las tierras más productivas de la Argentina.

Dentro de esta prohibición, el INTA Pergamino tiene nada menos que 631 de las 744 hectáreas de las que dispone. Y allí, desde hace meses, los investigadores que se dedican a desarrollar tecnologías para la agricultura más tradicional de la zona no pueden ensayar con insumos de origen sintético. Esto representa una gran limitantes  la tarea natural del INTA, que es la investigación. Algunos ensayos pudieron amucharse en la zona donde aplicar agroquímicos está permitido. Pero en otros casos eso no fue posible.

Mariano Luna, un reconocido entomólogo que trabaja allí, relató su propia odisea para seguir con los ensayos de control de plagas. Y hasta se tomó la situación con humor, al pedir por las redes sociales que les prestasen algunas hectáreas en otras zonas. Ahora, con la reculada de la conducción del INTA quedo expuesto de mal modo.

Lo que había pedido Trebino, para tratar de salvar estos inconvenientes y poder desarrollar las tareas habituales del INTA, era un permiso judicial o una suerte de excepción. Es decir que se “autorice a continuar con las tareas de investigación y producción” dentro de la experimental y como parte “de un programa de investigación que tiene como objetivo desarrollar un modelo productivo sostenible”.

Pero la organización de la abogada Sabrina Ortiz, llamada Naturaleza de Derechos y que fuera la que inició este conflicto judicial a mitad de 2019, rechazó el pedido del director regional del INTA y denunció que Trebino “oculta” que dentro del predio de la Experimental Pergamino funcionan un jardín de infantes y una escuela agrotécnica.

Para la abogada, el pedido del INTA para poder seguir trabajando se funda “en el falso entendimiento de que los procesos investigativos presentados son benévolos e inocuos, cuando en realidad por las extensiones y el uso de agrotóxicos son tan peligrosos y contaminantes como los procesos productivos desarrollados en las parcelas de los demás imputados y procesados que motivaron el inicio de la causa judicial”. Ortiz llega incluso a desmentir el uso “experimental” de la EEA Pergamino: “Se trata también de procesos productivos cuyas resultas luego son comercializadas y gestionadas por una cooperativa del Inta Pergamino”, afirma sembrando sospechas.

Frente a esta reacción, lo que hizo ahora Parera, la máxima autoridad administrativa del INTA luego de su presidenta Susana Mirassou, es pedirle formalmente a Villafuerte Ruzo que “desestime” el pedido que había hecho Trebino para continuar con los ensayos.

La situación vuelve a dividir a la comunidad de investigadores del propio INTA. Hay una camada importante de trabajadores, la mayoría de ellos incorporados durante el gobierno de Cristina Kirchner, que deploran públicamente los agroquímicos y prefieren promover la agroecología como método alternativo. Pero también hay muchos investigadores de larga data que afirman que prescindir de insumos sintéticos será imposible al menos en el corto plazo, y si la Argentina pretende mantener los niveles productivos actuales.

Los sindicalistas de ATE que representan a los trabajadores de Pergamino están claramente alineados con la primera posición. Enviaron una carta al juez pidiendo que la institución no sea exceptuada de la prohibición, como el resto de los campos de la zona.

Parece absurdo que un organismo técnico no logre consensuar una posición técnica respecto de lo que solo son insumos. Pero la gran carga ideológica que existe en torno al debate social sobre los agroquímicos ha permeado hasta el Instituto que debería ser palabra autorizada en la materia. Tanto así que en tiempos del kirchnerismo el INTA y sus investigadores tenían prohibido pronunciarse en torno a este tipo de debates de modo público. Luego, en 2018, los kirchneristas acusaron al gobierno de Macri de haber prohibido utilizar a sus técnicos la palabra “agrotóxicos” para referirse a los productos fitosanitarios.

En este debate casi infantil y bastante idiota, en el que la desautorización de Parera parece haberle dado la razón al sector que deplora los agroquímicos, la más afectada es la comunidad productiva de Pergamino, que pide el cese de la antojadiza distancia establecida por la justicia federal (repetimos que no hay argumentación técnica para que sean 1.095 metros de exclusión, cuando hay municipios que establecen distancias preventivas mucho menores a esa) y la vigencia efectiva de la ordenanza municipal 8126/14, que regulaba sobre estas cuestiones.

“La ordenanza da suficientes garantías para asegurar la salud de la población y el cuidado del ambiente. Es
necesario destacar que con ligeras variantes, este tipo de medidas rige en todo el ámbito de la Provincia de Buenso Aires”, dijeron en un comunicado una decena de organizaciones de productores de esa zona.

En esta carta a su comunidad, las entidades recordaron “el perjuicio de la medida precautoria en las 6.000 hectáreas afectadas en el periurbano de la ciudad de Pergamino, con la consiguiente pérdida de productividad que impacta no solo en la economía de los más de 100 productores afectados, sino también a la comunidad toda”. También marcaron “las externalidades negativas en el deterioro de los suelos por las labranzas y la no reposición de nutrientes y la proliferación de malezas y plagas, entre otros aspectos ambientales”.

Pero ante esas situaciones los ambientalistas no ofrecen reparos.

Las entidades de productores también fueron solidarias con el INTA, al recordar que el fallo judicial de larga data “afectaba al desenvolvimiento de la investigación, la experimentación y la enseñanza, ya que en la zona afectada desarrollan actividades instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a la innovación de tecnologías para el sector agropecuario”.

“El INTA, con su Estación Experimental de Pergamino que data de 1912, ha producido en su rica trayectoria innumerables desarrollos tecnológicos en beneficio de la producción agropecuaria del país. Basta mencionar sus aportes en variedades mejoradas de especies forrajes, cereales y oleaginosas, producción de carnes vacuna, aviar y porcina. De sus experimentos en manejo de suelos, rotaciones de cultivos, control integrado de malezas y plagas, surgieron los principios de la agricultura conservacionista moderna adaptada a esta región, entre los cuales se destaca la siembra directa”, subrayaron.

En el comunicado se recordó que dentro de esta área de la experimental, se encuentra la ECANA (Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales) dependiente de la UNNOBA y la Escuela de Educación Secundaria (EESA N°1) Lorenzo R. Parodi. “En la primera se forman Ingenieros Agrónomos y en la segunda Técnicos Agropecuarios. Ambas unidades académicas no pueden realizar las prácticas que establecen los respectivos planes de estudios por las prohibiciones establecidas, lo que afecta a la adecuada formación de ambos tipos de profesionales”, se destacó.

Este escrito está firmado por la Asociación Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, Coninagro, la Federación Agraria, los grupos CREA, la Regional Aapresid Pergamino-Colón, la Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia de Buenos Aires y la Sociedad Rural de Pergamino.

Fuente:Bichos de Campo