El expresidente Evo Morales puede retornar a Bolivia desde su exilio argentino. Un juez del país andino le ha abierto ahora el camino de vuelta al suspender la orden de detención que enfrentaba Morales tras los disturbios que siguieron a las elecciones de 2019.

El regreso está anunciado para el 11 de noviembre y el exlíder izquierdista del MAS, pese a continuar bajo investigación, no podrá ser detenido.

Morales enfrenta 30 procesos judiciales por delitos de los más variados, según el balance que hizo el propio exmandatario.

El más avanzado es el que le planteó el ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo por “sedición y terrorismo” a raíz de un audio en el que Morales, que acababa de ser derrocado, supuestamente habla por teléfono con un dirigente campesino y le instruye “cercar las ciudades” para impedir la llegada de alimentos.

Las autoridades afirmaron que este audio se grabó en noviembre de 2019, cuando los seguidores de Morales protestaban contra el Gobierno interino de Jeanine Áñez. Morales sostuvo siempre que no se trataba de su voz.

El juez que estudia este caso emitió una orden de aprehensión después de que Morales no se presentara a declarar. En ese momento estaba exiliado en Argentina. Ahora la defensa del expresidente ha logrado convencer al juez de que su ausencia, sin embargo, se debió a que no había sido correctamente citado.

Con ello, ha concluido este juez, se vulneraron los derechos de defensa del expresidente (que no recibe un trato especial porque los hechos de los que se le acusa ocurrieron después de que dejara su investidura).

Esta resolución no detiene la investigación como tal, pero establece que Morales puede defenderse en libertad.

A principios de septiembre, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch exigió que el Gabinete de Áñez levantara los cargos por terrorismo contra Morales, ya que, a su juicio, eran “desproporcionados” y no existían indicios en su contra como para sostener una acusación de este tipo, con condenas de hasta 20 años de cárcel.

Esta es la segunda buena noticia judicial que reciben los altos cargos del Gobierno de Morales (2006-2019). Otro juez anuló la orden de aprehensión que tenía el exministro de Justicia Héctor Arce, en otra investigación. Arce vive como refugiado en la residencia del embajador de México en La Paz.

En teoría, el fallo del juez le permite salir libremente de esta casa emplazada en el barrio más elegante de La Paz, donde está recluido desde la crisis política del año pasado. Así lo reconoció el ministro Murillo, el cual hizo de la permanencia en la residencia de Héctor Arce y otros seis jerarcas del anterior Gobierno del MAS uno de sus principales objetivos de gestión.

“Esa es la justicia que tenemos en nuestro país. Qué se puede hacer”, se lamentó Murillo después de enterarse de la noticia. Prometió que respetaría las decisiones del Poder Judicial, “aunque esté manejado por gente corrupta y torcida”.

Ayer se han reportado movimientos de policías en los alrededores de la residencia de la legación mexicana, en la cual también se encuentra el antiguo “hombre fuerte” de Morales, el excapitán del Ejército Juan Ramón Quintana.

La diplomacia mexicana se ha quejado en el pasado del “acoso” que ha sufrido su representación en La Paz. “Podrá salir Héctor Arce, pero si cualquiera de los otros, por ejemplo Quintana, intenta hacerlo, lo vamos a meter preso”, advirtió Murillo. “Ahora, si el juez lo deja libre y dice que es un angelito, qué se puede hacer”, se resignó.

Todo esto ocurre días después de las elecciones bolivianas, que dieron una contundente victoria al candidato del MAS, Luis Arce. Este ha prometido adoptar una posición neutral frente a la justicia y dejar que sus compañeros se defiendan “sin presiones”.

También ha anticipado que, respecto a los siete dirigentes varados en la residencia de México, les concederá los salvoconductos que hasta ahora les ha negado Áñez, de modo que puedan acogerse al asilo que le otorgó el país norteamericano.

Los legisladores del MAS están preparando varias demandas legales en contra de la presidenta Áñez y Murillo y otros miembros del actual Gobierno, en especial por la represión de las protestas de noviembre del año pasado.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, Human Rights Watch mencionó la falta de institucionalidad de los tribunales, que, por presiones externas y por sus propias decisiones, tienden a convertirse en instrumentos a favor del poder político y en contra de quienes se oponen a este. (El País/ AP)

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