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POLITICA

13 de octubre de 2020

"El macrismo dejó 11 mil viviendas sin entregar por cuestiones ideológicas"

María Eugenia Bielsa. Arquitecta, docente y política. Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019. En 2003 se convirtió en la primera vicegobernadora de Santa Fe

No habla seguido con los medios pero, cuando toma impulso y rompe el silencio, dice muchas cosas. En una extensa conversación con La Capital, María Eugenia Bielsa evaluó su experiencia como titular de Desarrollo de la Hábitat y Vivienda nacional. Y reveló que tuvo que armar un ministerio nuevo, previamente inexistente, atravesar la pandemia y juntar los pedazos de un rompecabezas abandonado por el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), que dejó 11 mil viviendas terminadas sin entregar y otras 25 mil, a medio hacer, paralizadas.

La funcionaria también tuvo que reinventar un plan exitoso del tercer gobierno kirchnerista, el Procrear. Pero no fue todo: no se venía entendiendo bien con las organizaciones sociales que operaban como un sector grande de poder en la Secretaría de Integración Socio Urbana, en su ministerio, que le reclamaban mayor premura en la ejecución. El presidente Alberto Fernández decidió desacoplar esa dependencia y pasarla a Desarrollo Social, territorio de Daniel Arroyo. Si bien Bielsa ya no tendrá potestad sobre los barrios populares, todo se reordenó en paz.

 —¿Qué encontró cuando llegó al ministerio?

 —El macrismo dejó 11 mil viviendas que estaban tal cual las dejó el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, casi terminadas. Les faltaba el final de obra, alguna conexión de gas o agua. Nada se hizo durante los cuatro años, algo inentendible. Ahora las estamos terminando y entregando. En igual sentido, estamos retomando la construcción de otras 25 mil viviendas que, con distintos grados de avance, también fueron abandonadas (plan nacional de viviendas, Techo digno, entre otros). Es un objetivo prioritario para el año actual y el próximo.

—¿Alguna explicación por la actitud del gobierno anterior?

—Cambiemos no cree en el rol del Estado como constructor de soluciones habitacionales e intentó transferir esas viviendas para que sean gestionadas mediante el sistema financiero. Generaron el sistema de créditos UVA (indexados y cuyas cuotas el actual gobierno tuvo que congelar porque se volvieron impagables), algo que resultó muy complejo para muchas familias. El macrismo no entregó las casas, casi listas, por una cuestión ideológica y gastó millones durante cuatro años para custodiar los predios.

—¿Se refiere a la derecha ideológica, que rechaza el derecho de los sectores populares a acceder a una casa propia con ayuda estatal?

—Exactamente, un derecho en todos los sentidos, y también un derecho vital. Que hayamos tenidos 11 mil viviendas casi listas durante cuatro años y sin ser entregadas a familias que alquilaban, durante la pandemia y demás, es inexplicable. Por lo demás, encontramos 8 mil lotes con servicios, que ahora aplican al nuevo programa del Procrear, construcción más lote.

—El Procrear tuvo su momento más intenso durante el segundo gobierno de Cristina. Sin embargo, también produjo distorsiones como el aumento desmesurado del costo de los lotes aptos para construir en los conurbanos de las ciudades. ¿Cómo piensan evitar que ocurra lo mismo?

—Estamos pidiendo que los lotes propios de quienes accedan a los créditos hayan sido escriturados previamente al relanzamiento del Procrear (4 de agosto pasado), aunque también pueden estar a nombre de familiares. La Argentina necesita evitar la especulación, garantizar el derecho al trabajo y a la vivienda. En simultáneo, el ministerio trabaja en un plan nacional de suelo con municipios, instituciones y sindicatos, para dar infraestructura a esos suelos y ya teniendo como reserva para luego ir por las viviendas.

—Para el caso de los jóvenes, ¿qué recorrido podrían hacer para llegar al Procrear y a una vivienda propia?

—El camino sería mediante su municipio o provincia, ya sea que tengan lotes con infraestructura o bancos de suelo. También hay sindicatos y asociaciones profesionales que pusieron suelo a disposición para estos planes. Por ahora, esas son las opciones.

—Otro programa de créditos que ya funciona es el orientado a refacciones y ampliaciones, de hasta 500 mil pesos, ahí tuvieron más de 200 mil inscriptos y adjudicaron unos 70 mil. Mucha gente se quedó afuera, ¿sigue el programa, habrá nuevas adjudicaciones?

—Son créditos personales, muy demandados y de resolución relativamente rápida para distintos segmentos, donde se privilegia a los de menores ingresos. El tope de ingresos máximo es de ocho salarios mínimos (unos 135 mil pesos, en la actualidad) y la tasa del 24 por ciento. La idea es continuar con un sorteo mensual de unos 35 mil créditos por tanda. Las personas o familias que no son adjudicadas quedan para reingresar en el sorteo del próximo mes. Son créditos también asociados a las tarjetas Procrear, que permiten descuentos del 15 y 20 por ciento en los materiales y también en los Precios Cuidados de construcción.

—El presidente pasó por decreto Integración Socio Urbana al ámbito de Desarrollo Social. Se leyó como un achique de sus incumbencias, ¿qué ocurrió?

—La secretaria lleva adelante, justamente, la integración en barrios populares (4.400 en todo el país). Tenemos, de todos modos, un camino de trabajo en esos barrios que es la construcción y mejoras de viviendas. Cuando digo metodológico, me refiero a que probablemente haya programas de obra temprana, apertura de calles, integración barrial y provisión de agua, entre otras, que funcionen mejor en Desarrollo Social que en el ámbito de obra pública.

—Las organizaciones sociales y la secretaria del área, Fernanda Miño, hablan de la urgencia de los sectores postergados y que cierta lógica ministerial dilataba las soluciones...

—Los programas de ejecución de obra implican hacer un legajo, completarlo, tener cómputos y concursar. No son procesos todo lo urgente que requiera la urgencia de la situación. Y fue agravado por la pandemia. Lo concreto es que trabajaremos en conjunto.

—Una parte de la sociedad observa el conflicto por las tomas y, tal vez, se vería más complacida si la policía desaloja a los ocupantes por la fuerza antes que merced a las negociaciones pacíficas que estarían prosperando. ¿Cómo lo ve?

—Nunca, pero nunca, frente a una necesidad alentaremos el camino de la violencia. Lo que se está tramitando en Guernica (Buenos Aires), desde nuestra perspectiva, es una buena experiencia en el sentido de una negociación pacífica. Esto ocurrió muchas veces, me ha tocado participar. Lo importante es hacer creíble la palabra pública y de las organizaciones sociales en relación al problema.

Fuente:La Capital

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