El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 resolvió aplicar multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete de la Nación por el incumplimiento de una orden judicial vinculada con la ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien consideró que se había verificado el incumplimiento y dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido el 30 de septiembre. Para ello, ordenó avanzar con la aplicación de astreintes, sanciones económicas destinadas a lograr que se cumpla una resolución judicial.

Según el fallo, el monto fijado corresponde a una primera etapa y podrá modificarse. El magistrado también advirtió que la medida podría alcanzar a otros funcionarios si la situación lo requiere.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, en el marco del reclamo por la aplicación de la normativa sobre financiamiento de las universidades públicas.

Qué establece el reclamo por el financiamiento universitario

El expediente está relacionado con el cumplimiento del Decreto 759/2025 y la aplicación de la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El reclamo apunta a que el Gobierno nacional garantice la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La sanción económica busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la orden judicial. La resolución del juez Cormick se produce en medio de la disputa entre las autoridades universitarias y el Gobierno nacional por los recursos destinados al sistema de educación superior.

Denuncia penal contra Milei y Caputo

En paralelo, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de la medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario.

La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, entre otras posibles figuras penales.

El denunciante pidió que la investigación también alcance a cualquier otro funcionario que pudiera haber intervenido, por acción u omisión, en el incumplimiento de la resolución judicial. Para fundamentar el planteo, invocó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

En el escrito, Solano calificó los hechos como de “suma gravedad institucional” y sostuvo que el Gobierno mantiene una conducta deliberada frente a una orden judicial. También señaló que la resolución había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario.

La denuncia deberá ser evaluada en el ámbito judicial para determinar si corresponde avanzar con una investigación penal. La presentación, por sí sola, no implica que los funcionarios denunciados hayan sido declarados responsables de un delito.