En el contexto económico de la Argentina, ¿cómo considera que el Estado nos cobra los impuestos y cómo los pagamos los contribuyentes?

Nos cobran mal y pagamos peor. La Argentina enfrenta un problema macroeconómico de fondo que explica la elevada carga tributaria que sufren las empresas y los individuos. En primer lugar, se debe a la ausencia de políticas de Estado consensuadas desde hace décadas. Además, desde el año 2010 la economía no crece: el Producto Bruto Interno y las exportaciones se han mantenido estancados, por lo que la misma riqueza debe repartirse entre una población mayor. A esto se suma que el gasto público de los estados nacional, provinciales y municipales aumentó de manera considerable, pasando de representar entre un 20% y un 25% del PBI a comienzos de siglo a un 46% del PBI hacia 2023. En ese período, el gasto y la recaudación aumentaron 100 veces a valores nominales, mientras que el PBI creció solo 60 veces. Dado que la presión tributaria mide la recaudación sobre el PBI, al recaer el cobro únicamente sobre el sector formal —que representa cerca del 60% de la economía—, la presión real sobre la economía formal supera el 50%, ubicando al país entre los de mayor carga impositiva del mundo.

¿Considera que el proceso de reducción del gasto público iniciado por la actual gestión nacional es suficiente para corregir este desequilibrio?

Es apenas un comienzo y llevará muchos años retornar a los niveles del tamaño del Estado que existían a principios de siglo, cercanos al 20% o 22% del PBI. La dimensión del Estado es una variable clave que observan los inversores nacionales y extranjeros antes de decidir dónde volcar sus capitales. Si la Argentina mantiene una estructura estatal que absorbe más del 30% del PBI mientras los países de la región rondan el 22%, se pierde competitividad directa. A este problema estructural se suma un desequilibrio poblacional y laboral: en el país existen apenas 12 millones de trabajadores formales —entre empleados en relación de dependencia, autónomos y monotributistas— que deben sostener la carga estatal de una población total cercana a los 50 millones de habitantes.

De los tres niveles del Estado —Nación, provincias y municipios—, ¿cuáles han sido los que más incrementaron la presión impositiva sobre el sector privado?

Los tres niveles han aumentado la carga tributaria. Para dimensionar el impacto, al desagregar el cuadro de resultados de una empresa, dos terceras partes del año de trabajo —hasta mediados de agosto— se destinan únicamente al pago de impuestos y cargas sociales. Un producto de consumo masivo, como una prenda de vestir elaborada localmente, tiene entre un 65% y un 80% de componente impositivo a lo largo de toda su cadena de producción y comercialización, ya que cada eslabón traslada sus impuestos y cargas previsionales al siguiente. En los últimos tiempos, mientras el Estado nacional redujo las transferencias discretas, las provincias incrementaron la alícuota del impuesto a los ingresos brutos y los municipios subieron las tasas locales. Ingresos brutos, que antes representaba entre un 5% y un 6% en la cadena, actualmente puede alcanzar entre el 15% y el 18% según la actividad.

¿Por qué el régimen de coparticipación federal de impuestos representa un problema estructural y por qué no se ha logrado modificar?

La coparticipación actual se rige por una ley de 1988 que fue concebida como provisoria por un año, pero que se continúa prorrogando automáticamente. No responde a indicadores económicos o sociales racionales de infraestructura o capacidad productiva. A pesar de que la Constitución de 1994 estableció la obligación de sancionar un nuevo régimen antes de fines de 1996, han pasado 30 años sin avances porque existen 18 provincias que se benefician con la distribución actual y solo unas pocas que se perjudican. El noroeste y la región cuyana (salvo Mendoza) aportan alrededor del 15% del PBI y reciben el 45% de la distribución secundaria, mientras que la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe aportan el 65% del PBI y reciben el 40%. Para muchas provincias, este esquema resulta cómodo porque reciben fondos sin la necesidad ni el costo político de fiscalizar o recaudar, lo que incentiva la proliferación del empleo público y paraliza el desarrollo de la actividad privada local.

Ante los procesos de apertura económica y la competencia internacional, ¿cuál es el desafío que enfrenta la industria manufacturera nacional?

Considero que sin industria no hay país. Es positivo desarrollar la minería, el sector energético en Vaca Muerta, la tecnología y la inteligencia artificial, pero la industria manufacturera resulta indispensable. El principal problema radica en el timing y las condiciones de las reformas. Aunque existen sectores empresariales que se beneficiaron durante años del amparo estatal sin invertir, hay muchos otros industriales que han realizado inversiones y buscan competir. Frente a competidores globales como China y con una carga tributaria local sumamente elevada, resulta indispensable adecuar los costos y las variables tributarias antes de exigir una competencia abierta en el mercado.

Frente a este escenario impositivo, ¿en qué consiste la estrategia fiscal dentro de las empresas y cómo se diferencia de la evasión impositiva?

La estrategia fiscal no es evadir, sino gestionar de manera eficiente los impuestos dentro del marco estricto de la ley. Implica aplicar creatividad técnica para estructurar operaciones, modificar modelos de negocios o aprovechar incentivos y regímenes vigentes para optimizar el costo tributario de una organización. Muchas pymes en crecimiento enfocan su esfuerzo en el producto y el mercado, pero descuidan la gestión administrativa, legal y tributaria (backoffice). Es precisamente en esa área donde se generan contingencias cuando son fiscalizadas por el organismo recaudador. Gestionar adecuadamente los aspectos fiscales y utilizar las herramientas legales disponibles es un componente central de la salud financiera empresarial.

Ante la caída en las ventas y las dificultades económicas, se observa un incremento de la informalidad y la falta de facturación en comercios. ¿Qué evaluación hace de esta tendencia?

Ocurre una fuerte presión económica sobre las pymes y comercios que las lleva a buscar margen en la informalidad. Sin embargo, operar en la evasión genera un riesgo creciente que no resuelve el problema de fondo. Las empresas deben madurar sus procesos, fortalecer su gestión administrativa y aplicar planificación fiscal legítima para reducir los costos dentro de la ley, evitando asumir riesgos que pueden comprometer su continuidad.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie le gustaría compartir con la audiencia?

Recomiendo la lectura del libro "Cien años de soledad", de Gabriel García Márquez. Es una obra maravillosa de la literatura, que leí en un solo día.

Entrevista de Sergio Suppo.