Entre los cambios centrales figura la nueva forma de calcular la discrepancia significativa, la introducción de un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° del régimen penal y la posibilidad de rectificar declaraciones dentro de 15 días sin perder beneficios del régimen.

Además, el nuevo proyecto contempla reducciones automáticas de sanciones para MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y limita a funcionarios el acceso a las presunciones y liberaciones de fiscalizaciones previstas por el régimen.

Debate legislativo

En el recinto, Patricia Bullrich defendió el proyecto como un sistema que distinguirá fraude de error y sostuvo que ni el presidente ni funcionarios podrán usar los beneficios del régimen, mientras la senadora radical Silvana Schneider explicó aspectos técnicos y destacó la seguridad jurídica para los contribuyentes.

José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó la iniciativa y sostuvo que la norma favorece a ciertas personas; en tono irónico propuso el “día de los inocentes fiscales” y afirmó que la ley no está pensada para trabajadores, jubilados ni pensionados.

Jorge Capitanich cuestionó la presunción de Inocencia y sostuvo que adherir al régimen no legitima el origen del patrimonio, actitud que dio lugar a un cruce con los defensores del nuevo proyecto durante el debate.

La sanción deja al sistema Fiscal con nuevas reglas operativas y de control y abre el camino para que, según el oficialismo, más contribuyentes se incorporen al circuito formal; el cambio tendrá efectos administrativos en ARCA y consecuencias prácticas para la regularización voluntaria de saldos.

Traspaso de la justicia de menores

Previamente, fueron aprobados acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y los santiagueños. Ambos convenios fueron firmados el pasado 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia.

En cuanto al acuerdo que transfiere la justicia criminal y correccional de menores, la Ciudad asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.

También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.

Fuente: El Litoral