La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Lucila De Ponti, queda bajo la órbita del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y apunta a cubrir un vacío estadístico: relevar formas de trabajo que hoy no aparecen o están insuficientemente representadas en las mediciones tradicionales, como el Censo Nacional o la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

La novedad normativa llega en un contexto en el que la informalidad laboral representa uno de los principales desafíos del mercado de trabajo santafesino. En el Gran Santa Fe, el empleo privado no registrado alcanzó el 37,7% de los asalariados en el tercer trimestre de 2025, el valor más alto entre los grandes sectores empleadores y por encima incluso del empleo público.

Qué busca medir la nueva ley en Santa Fe

El objetivo central del sistema es construir información estadística específica sobre las personas cuya relación laboral no reúne las condiciones de un empleo registrado con derechos.

La norma establece que el relevamiento deberá permitir:

• construir una base de datos confiable sobre el trabajo informal;
• elaborar diagnósticos actualizados del mercado laboral santafesino;
• generar información para diseñar políticas públicas de formalización;
• identificar las diferencias entre regiones urbanas y rurales;
• medir la evolución de la informalidad a lo largo del tiempo;
• conocer qué actividades presentan mayores niveles de precariedad;
• analizar las condiciones laborales e ingresos;
• identificar los factores económicos, regulatorios y sociales que impulsan o limitan la informalidad;
• incorporar variables de género, edad, raza o etnia.

El objetivo central del sistema es construir información estadística específica sobre las personas cuya relación laboral no reúne las condiciones de un empleo registrado con derechos.

Un relevamiento más amplio que las estadísticas actuales

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que amplía el universo de personas alcanzadas respecto de las estadísticas laborales tradicionales.

La ley contempla, entre otros, a:

• trabajadores independientes sin empleados;
• pequeños empleadores del sector informal;
• trabajadores familiares auxiliares;
• integrantes de cooperativas informales;
• asalariados con empleos no registrados;
• personas que producen bienes para autoconsumo y comercializan excedentes;
• personas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados;
• otras modalidades que determine la autoridad de aplicación.

La definición de trabajo informal utilizada por la norma también contempla actividades económicas que funcionan al margen de regulaciones laborales, comerciales, tributarias o de seguridad social.

Qué información deberá relevar el IPEC

La ley establece un piso mínimo de datos que deberán recopilarse en cada relevamiento.

Entre ellos figuran:

• actividad económica;
• sector productivo;
• tipo y tamaño de la unidad productiva;
• modalidad de contratación;
• ingresos;
• cantidad de horas trabajadas;
• antigüedad en la actividad;
• ubicación geográfica;
• nivel educativo;
• género;
• edad;
• nacionalidad;
• pertenencia a comunidades indígenas;
• responsabilidades de cuidado dentro del hogar.

Además, el relevamiento deberá identificar si el trabajo informal constituye la actividad principal o secundaria y si esa situación responde a una elección voluntaria.

Encuestas semestrales y datos abiertos

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, a través del IPEC.

Entre sus funciones estarán:

• diseñar el instrumento estadístico;
• realizar relevamientos cada seis meses;
• publicar los resultados en formato de datos abiertos e informes técnicos;
• celebrar convenios con universidades, institutos de investigación, organismos públicos y entidades del tercer sector para mejorar la calidad de las mediciones.

La norma también habilita a complementar la información obtenida mediante encuestas con registros administrativos y otras fuentes oficiales.

El contexto: la informalidad gana peso en el mercado laboral santafesino

La creación del sistema se produce en un escenario de creciente precarización del empleo.

De acuerdo con un informe de TQF Consultora elaborado sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el empleo privado no registrado representó, en promedio, el 33,6% de los asalariados del Gran Santa Fe entre 2019 y 2025.

El punto más alto se registró en el segundo trimestre de 2024, cuando alcanzó el 39,9%, mientras que en el tercer trimestre de 2025 la informalidad empleó al 37,7% de la fuerza asalariada, superando por primera vez al empleo público (37,6%).

En contraste, el empleo privado registrado representó apenas el 24,7% de los asalariados en el tercer trimestre de 2025, con un promedio de 22,1% durante los últimos seis años.

Según el análisis de TQF Consultora, esta composición del mercado laboral ayuda a explicar el debilitamiento de la clase media del Gran Santa Fe, donde el 63% de los hogares se concentra entre los sectores de menores ingresos y la clase media vulnerable. El informe sostiene que la limitada capacidad del sector privado para generar empleo formal constituye uno de los principales factores detrás de esa estructura social.

Fuente: Aire Digital