Además de la ley de semillas y las retenciones, otro de los grandes temas que frecuentemente toma estado público a modo de debate es el de las aplicaciones de fitosanitarios en zonas cercanas a pueblos y ciudades.

Por este motivo, en el marco del Congreso Aapresid, se desarrolló en la Sala Innovación el taller “Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad”, con la participación de Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba; Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos y María Eugenia Racciatti, intendente del municipio santafesino de Cañada Rosquín.

Los funcionarios compartieron herramientas para gestionar las zonas de interfaz urbano-rural y coincidieron en la necesidad de fortalecer los controles, incorporar tecnología y acercar información antes de que las diferencias se transformen en conflictos judiciales.

FITOSANITARIOS: LA MIRADA DE SANTA FE

Mántaras explicó que Santa Fe cuenta desde 1995 con una legislación que regula la cadena vinculada con los fitosanitarios, desde su formulación hasta la aplicación.

“Es una ley que cuida la salud, los recursos naturales y la producción. Ese es el triple objetivo que tiene esa legislación, que pone al Ministerio como autoridad de control”, afirmó.

La gestión presenta una especial complejidad en una provincia con 365 municipios y comunas, donde los gobiernos locales pueden establecer sus propias ordenanzas y distancias. Durante el último año se capacitaron 1.800 operarios y se fiscalizaron 200 empresas.

“Nuestro primer objetivo es recuperar la autoridad de control. Si el Estado se retira, sucede el desorden, y eso perjudica a toda la comunidad y a todos los actores”, remarcó el funcionario de la provincia de Santa Fe.

También destacó el rol de los veedores, la regulación de las aplicaciones mediante drones y la intervención provincial en debates sobre ordenanzas.

“No podemos dejar que un conflicto escale sin que la provincia tenga un rol activo. Estamos tratando, como Estado, de explicar lo que es el agro hoy. Ha evolucionado en tecnología e innovación; hay mucha información y todo se gestiona con datos”, señaló.

FITOSANITARIOS: CÓRDOBA APUESTA A LA TECNOLOGÍA

Blanda, por su parte, indicó que la legislación cordobesa comparte los mismos principios: cuidar a las personas, al ambiente y a la producción. Para prevenir conflictos, consideró indispensable cumplir las reglas sobre profesionales matriculados, recetas fitosanitarias, capacitaciones y fiscalización.

“Lo que menos queremos es la judicialización. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Primero, cumplir la ley”, expresó.

El funcionario reconoció que respetar la normativa no siempre alcanza para transmitir tranquilidad. “Cumplimos la ley, respetamos las distancias, tenemos la receta y no nos dejan trabajar. Pero también, en muchos casos, era válido el reclamo. Y eso nos abrió conversaciones”, relató.

Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba

Córdoba incorporó estaciones meteorológicas para consultar las condiciones al momento de cada aplicación. El Ministerio cuenta con 135 estaciones propias y 121 municipios y comunas reciben en tiempo real las recetas fitosanitarias.

“Necesitamos tecnología objetiva para la toma de decisiones”, afirmó. La provincia sumó capacitaciones, cortinas forestales y bioindicadores. “El gran cambio fue acercar información, no decir ‘yo tengo la verdad’”, agregó.

FITOSANITARIOS: EN ENTRE RÍOS, TRAZABILIDAD Y EDUCACIÓN

Gallegos, en tanto, presentó la nueva normativa de Entre Ríos, vigente desde enero de 2025, que incorpora la seguridad alimentaria a los objetivos de protección de la salud, el ambiente y la producción.

“La nueva norma nos ha permitido capitalizar aprendizajes de la ley anterior y mirar qué ha funcionado y qué no en las otras provincias de la Región Centro”, explicó la funcionaria entrerriana.

Uno de los principales avances es la trazabilidad de la cadena. El sistema permite conocer quién formuló o importó un fitosanitario, quién lo transportó, dónde se vendió, quién lo aplicó y dónde se realizó la tarea.

En los municipios con conflictos, la receta digital, el aviso de inicio de la pulverización y las condiciones meteorológicas están integrados en una misma plataforma.

“La plataforma toma automáticamente el registro de las condiciones meteorológicas de las tres centrales más cercanas y eso queda grabado. Esto permite que la gente pueda demostrar cómo hace las cosas y que la sociedad esté más tranquila”, destacó Gallegos.

La funcionaria también mencionó el programa “Educación y Comunidad”, desarrollado con el Consejo General de Educación para acercar conocimientos sobre fitosanitarios y buenas prácticas.

Carina Gallegos, directora de Agricultura de Entre Ríos

LA EXPERIENCIA DE CAÑADA ROSQUÍN

A su turno, María Eugenia Racciatti, presidente comunal de Cañada Rosquín, compartió la experiencia de la comuna santafesina, que frente a la disyuntiva de prohibir la producción en la interfaz periurbana, adoptó el programa “Municipio Verde”, implementando un modelo de gestión responsable, trazabilidad y control estricto sobre unas 4.000 hectáreas.

Mediante el monitoreo de aplicación en tiempo real, la exigencia de recetas agronómicas y un diálogo constante entre ingenieros, productores, aplicadores y vecinos, se logró garantizar la producción segura en estas zonas.

Tras siete años y múltiples auditorías, el programa no solo previno el impacto económico negativo y la proliferación de basurales o plagas en tierras en desuso, sino que además consolidó la confianza social y fortaleció el arraigo y la economía de la comunidad.

LOS FITOSANITARIOS Y LAS BPAs

Por otro lado, Aapresid y Fundación Barbechando llevaron adelante en el Congreso realizado en Rosario el taller “Producción responsable: lo que se necesita saber sobre BPA y fitosanitarios”.

La actividad tuvo como objetivo brindar información basada en evidencia científica sobre el sistema argentino de aprobación, uso, control y gestión responsable de fitosanitarios, favoreciendo una comprensión integral de los procesos involucrados.

Federico Landgraf, director ejecutivo de CASAFE, explicó qué son las Buenas Prácticas Agrícolas y cuáles son las herramientas disponibles para minimizar riesgos y proteger la salud y el ambiente, con hincapié en que no existen productos “meramente inocuos”, pero que es clave administrar la exposición a sustancias que generen peligro, con ejemplos cotidianos.

A su lado, Eugenia Niccia, gerente de la Red de Manejo Responsable (REM) de Aapresid, abordó las condiciones técnicas de una aplicación responsable: las variables climáticas, la tecnología de aplicación y la calibración de equipos, junto con el rol que cumplen el asesor agronómico y el aplicador.

El segundo bloque recorrió el circuito completo que atraviesa un fitosanitario antes y después de llegar al lote. Participaron Pilu Giraudo, presidente del Senasa; Marcelo Sánchez, director de Agroquímicos y Biológicos del Senasa; y Armando Allinghi, de CIAFA desarrolló el proceso de registro en la Argentina, la evaluación de riesgos, el etiquetado y las condiciones de uso, la fiscalización y el control, las regulaciones internacionales y su comparación con el esquema argentino.

Asimismo, Juan Manuel Medina, de Campo Limpio, presentó el funcionamiento del sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios establecido por la Ley N.º 27.279. Su exposición recorrió el triple lavado y el acondicionamiento, el rol de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), las responsabilidades de cada actor de la cadena y el aporte del sistema a la economía circular y a la trazabilidad, además de los principales desafíos pendientes para su implementación plena.

Durante las ponencias, los actores dejaron en evidencia que hoy el registro de los fitosanitarios y la disposición final de envases hoy cuentan con su registro y legislación pertinente, mientras que la aplicación de fitosanitarios no tiene y es una deuda pendiente.

En esa línea, los legisladores apoyaron la moción de contar con una ley de presupuestos mínimos que regule la aplicación de fitosanitarios para generar tranquilidad en la sociedad, evitar las divergencias en las distancias de aplicación que varían de provincia a provincia y de municipio a municipio.

Además la creciente judicialización genera que, hoy, son los jueces los que terminan legislando y dejando al productor sin una herramienta clave y preventiva.

Participaron de la jornada:

• Legisladores nacionales: Martín Ardohain (PRO, La Pampa), Andrés Leone (LLA, CABA), Ariel Rauschenberger (UXP, La Pampa), Maximiliano Ferraro (CC ARI, CABA) y Emmanuel Bianchetti (PRO-Misiones).
• Cámara de Diputados de Santa Fe: Joaquín Blanco (Bloque Socialista), Fabián Cejas (Bloque Socialista), María Fernanda Castellani (Bloque PRO), Astrid Hummel (Bloque PRO), Miguel Rabbia (Bloque Construyendo Futuro), Beatriz Brouwer (Bloque Unite)

Fuente: InfoCampo