La marcha atrás respondió al rechazo anticipado de gobernadores y senadores dialoguistas a la flexibilización para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Con ese cambio, La Libertad Avanza busca reunir los votos necesarios para avanzar con el resto de la iniciativa.

Desalojos: buscan acelerar los procesos judiciales

Uno de los principales ejes del proyecto propone agilizar los juicios de desalojo mediante el procedimiento sumarísimo, el trámite más breve previsto por el Código Procesal Civil y Comercial. La modificación alcanzaría tanto a inquilinos con deudas como a ocupantes que deban restituir un inmueble.

En los alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para cancelar la deuda antes de iniciar la demanda. Además, la iniciativa reemplaza la caución real por una declaración jurada del demandante para facilitar la restitución anticipada del inmueble, aunque el desalojo seguirá requiriendo una resolución judicial.

Expropiaciones: mayores exigencias para el Estado

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá justificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional.

Asimismo, la indemnización podría incluir no solo el valor del bien y los daños directos, sino también el lucro cesante. El texto establece que la propiedad solo pasará definitivamente al Estado una vez abonada la compensación correspondiente. También limita la ocupación temporánea de inmuebles a un plazo máximo de 90 días y únicamente para situaciones excepcionales.

Manejo del fuego: qué cambia para las tierras incendiadas

Otro de los capítulos que permanece en el proyecto modifica la Ley Nacional de Manejo del Fuego. La propuesta mantiene las restricciones para los bosques nativos afectados por incendios, pero elimina el plazo de 30 años que impedía cambiar el uso o desarrollar nuevas actividades en determinadas tierras rurales productivas incendiadas.

El Gobierno sostiene que las limitaciones actuales resultan excesivas cuando los incendios fueron accidentales. En cambio, sectores ambientalistas advierten que la flexibilización podría favorecer la especulación inmobiliaria o agropecuaria y volver a generar incentivos para las quemas intencionales.

Digitalización de los registros inmobiliarios

La iniciativa también incorpora reformas destinadas a modernizar los registros de la propiedad inmueble. El objetivo es avanzar en la digitalización de los trámites, reducir los plazos administrativos y mejorar la integración entre los registros nacionales y provinciales.

Fuente: Aire Digital