Ahora lloran como populistas lo que no supieron defender como progresistas. Esta afirmación invita a reflexionar sobre las responsabilidades en la gestión de las leyes laborales y de indemnizaciones.

Un claro ejemplo es el fallo de la Cámara laboral de Mendoza que ordena a la empresa Manaos a pagar una suma equivalente a 37,5 años de sueldo por un trabajador que estuvo solo nueve años en la compañía. La Corte Suprema de Mendoza corrige este monto a 21 años de sueldo, lo que genera interrogantes sobre la efectividad y la justicia del sistema laboral.

Este tipo de decisiones judiciales evidencian un funcionamiento deficiente del sistema. Se plantea la posibilidad de que el trabajador no tuviera una relación de dependencia real, sino una asociación comercial, lo que complica aún más el panorama.

La situación se agrava con el sistema de ART, que enfrenta una crisis de solvencia. La superintendencia de ART ha tenido que intervenir y liquidar varias compañías debido a la incapacidad de afrontar los 130.000 juicios anuales por enfermedades y accidentes laborales. Esto refleja un problema estructural en el sistema que no puede sostenerse a largo plazo.

El sistema de licencias por enfermedad también se ve afectado. La ley establece plazos para presentar juicios, pero muchos tribunales aceptan casos fuera de tiempo, lo que genera un descontrol en la cantidad de juicios. Mendoza, por ejemplo, tiene más juicios que Córdoba, a pesar de tener una población menor.

Los datos sobre el aumento de problemas de vista en el último año son alarmantes. Cabe cuestionar si realmente hay una epidemia o si el sistema está siendo abusado por personas que buscan sacar provecho de un sistema que ya está colapsado.

La falta de control en la firma de certificados médicos y la existencia de incentivos para elevar los niveles de discapacidad son factores que contribuyen a este colapso. La situación se agrava aún más cuando se recortan beneficios a causa de la crisis del sistema, afectando a aquellos que realmente necesitan ayuda.

El sistema laboral argentino ha estado en crisis durante décadas, con una industria del juicio que opera con impunidad. La promesa de racionalizar y corregir el sistema suena vacía, ya que la historia muestra que no se han tomado medidas efectivas para resolver estos problemas.

Fuente: Cadena 3