Por momentos parece que la discusión pública en Argentina transcurre en un loop interminable: tarifas que suben, tarifas que se congelan, subsidios que aparecen y desaparecen según el color político o las urgencias del momento. Pero lo que está en el centro del debate no es solo cuánto paga cada usuario, sino quién se beneficia realmente del esquema y qué costos ocultos quedan escondidos detrás de lo que se anuncia como "ordenamiento".

Porque antes de entrar en la discusión de la quita de subsidios y su inevitable impacto en el bolsillo, vale reconocer lo evidente: el sistema argentino de subsidios energéticos es un auténtico despiole. La tarifa no depende del consumo, la ubicación geográfica o la capacidad económica del usuario, sino de un entramado caótico donde conviven municipalidades subsidiando el inmobiliario, provincias subsidiando tarifas y una Nación que, con criterios discrecionales, reparte beneficios como si fueran caramelos electorales.

El resultado es conocido: nadie sabe cuánto vale realmente la luz ni el gas. Una casa paga un impuesto, la de al lado otro completamente distinto. Y, como si fuera poco, el ingenio criollo —previsible y siempre activo— aprendió a surfear el desorden. Poner el servicio a nombre de una suegra jubilada con la mínima se volvió una estrategia más de supervivencia.

Pero vayamos al punto clave: la quita de subsidios. El Gobierno proyecta un ahorro de 1.000 millones de dólares. Eso que hoy paga el Estado lo pagaremos nosotros, los usuarios. No es una transferencia de recursos entre sectores: es un pase directo de la billetera estatal a la de los ciudadanos.

Sin embargo, lo verdaderamente delicado está en el efecto colateral. Porque cuando una parte de la factura la pagaba el Estado, ese monto no quedaba alcanzado por impuestos ni tasas. Ahora, al pasar al usuario, sí se grava. Y ahí aparece lo que debería discutirse con más fuerza: hay un impuestazo implícito que nadie se esfuerza demasiado en explicar.

Pongamos números simples. Si una factura era de 100, el usuario pagaba 55 y los impuestos municipales o provinciales se calculaban sobre esos 55. Con la baja de subsidios, el usuario pasa a pagar 79 —sin que cambie el precio del servicio ni la inflación— y los impuestos se aplican sobre ese nuevo valor. La misma luz, pero más impuestos. La misma energía, pero más tasas.

Esto tiene un impacto gigantesco. Los municipios y provincias van a recaudar aproximadamente el 50% de esos mil millones de dólares adicionales que ahora salen del bolsillo de los usuarios. Son 500 millones de dólares nuevos sin que haya cambiado su costo de funcionamiento. No hay inversión nueva. No hay mejora en la prestación. No hay contrapartida. Es ingreso puro.

Se entiende, entonces, por qué durante años, mientras los subsidios frenaban el aumento de las tarifas, los gobiernos locales inventaron tasas o subieron alícuotas para no perder recaudación. El problema es que ahora que el precio empieza a sincerarse, nadie habla de bajarlas. El Estado nacional reduce su gasto; los Estados provinciales y municipales se quedan con la diferencia.

Y ahí está el punto político que debería incomodar a todos: si fueron rápidos para crear e incrementar tributos cuando las tarifas estaban rezagadas, deberían ser igual de rápidos para adecuarlos ahora que las tarifas se acercan al precio pleno. No hay excusas técnicas. Es una cuestión de voluntad. Y, sobre todo, de honestidad fiscal.

Mientras tanto, los usuarios —siempre los usuarios— pagarán más. No solo por la energía, sino por un esquema tributario que lleva años acumulando distorsiones. Un sistema donde cada decisión oficial parece diseñada para sumar complejidad y restar transparencia.

Si la quita de subsidios es un camino inevitable para ordenar las cuentas públicas, también debería ser inevitable revisar el mapa de impuestos y tasas que, sin debate y sin responsabilidad política, se montó sobre las espaldas de los consumidores. Porque ordenar el sistema no puede significar simplemente que unos pagan menos y otros cobran más. El orden también debe llegar a los que, desde hace décadas, se acostumbraron a cobrar sin rendir cuentas.

Fuente: Cadena 3