La Justicia federal dispuso un decomiso histórico contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados por la administración fraudulenta de fondos públicos en la obra pública de Santa Cruz. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86, una cifra récord en causas por corrupción. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, como titulares de propiedades involucradas en la maniobra.

La resolución, firmada este 18 de noviembre, se dicta tras la firmeza de la sentencia del caso —obtenida el 10 de junio de este año— y luego de que los condenados no cumplieran con la intimación de entregar voluntariamente los bienes o cubrir el importe determinado. El monto inicial fijado en el fallo de 2022, equivalente a unos $84.800 millones, fue actualizado por peritos contables de la Corte Suprema, de la fiscalía y del tribunal.

Un decomiso sin precedentes

La disposición abarca inmuebles y activos de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hermanos SA y Loscalzo y Del Curto SRL, firmas centrales en la adjudicación de obras públicas durante el período investigado (2003-2015). También incluye propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner y bienes vinculados a funcionarios y empresarios condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

En caso de que los inmuebles decomisados no alcancen a cubrir la cifra exigida, el tribunal dispuso avanzar sobre otros bienes identificados durante el proceso o los que pudieran surgir en la etapa de ejecución de la sentencia.

Los argumentos del tribunal y la defensa

El TOF 2 sostuvo que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos —directos e indirectos— para Báez y la familia Kirchner, derivados de la asignación irregular de contratos de obra pública en Santa Cruz. Bajo ese criterio, el decomiso recae sobre “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso cuando los bienes se encuentren en manos de terceros, salvo adquirentes de buena fe.

La Justicia citó normativa internacional, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos obtenidos a través de delitos contra la administración pública. También enfatizó que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos lícitos si existe una vinculación temporal y razonable con los hechos investigados.

Las defensas de Cristina Kirchner, Báez y los demás condenados rechazaron la medida, cuestionando la relación entre los bienes y las maniobras delictivas, la validez de la prueba y la inclusión de inmuebles adquiridos antes de la función pública o sobreseídos en otras causas. Sin embargo, el tribunal consideró que los planteos ya habían sido resueltos en instancias anteriores.

Destino de los bienes y pasos a seguir

El tribunal ordenó inscribir todos los activos decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados y comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir el destino final de los inmuebles conforme al reglamento vigente.

La finalidad principal del decomiso, sostuvo el fallo, es reparar el daño causado a la administración pública y asegurar la recuperación de los recursos desviados. La Fiscalía mantiene la facultad de individualizar otros bienes que puedan estar vinculados al delito a lo largo de la ejecución de la sentencia.

El proceso de realización de los activos se llevará adelante bajo las disposiciones legales y los controles correspondientes, en una causa que marca uno de los decomisos más grandes en la historia judicial argentina.

Fuente: Cadena 3