En abril de este año, en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación, se llevó a cabo la segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal. Representantes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Brasil debatieron sobre el agro en todo el Cono Sur.

Allí también emergió una necesidad conjunta para los dirigentes argentinos, pero también para los de Brasil y Paraguay: afirmarse en torno a una posición común en torno a la disputa por deforestación contra la Unión Europea.

El espacio planteó un “firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115 “por tratarse de una norma unilateral que impone obligaciones extraterritoriales a países productores sin consulta previa, sin armonización institucional y sin reconocimiento de marcos legales equivalentes”.

“Los países representados en el EPAS cuentan con legislaciones y sistemas ambientales sólidos, adaptados a sus territorios y realidades socioeconómicas, los cuales deben ser reconocidos mediante principios de equivalencia normativa y respeto a la soberanía nacional”, expresaron.

La carta de presentación lleva las firmas de Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, pero también de Tania Zanella por el Instituto Pensar Agropecuária de Brasil, y de Héctor Cristaldo, por la Unión de Gremios de la Producción de Paraguay.

El EPAS, aseguran, tendrá como misión “consolidarse como la voz representativa del agro ante los poderes legislativos de Sudamérica”.

“Inspirado en esquemas de articulación regional como el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el EPAS promueve el intercambio de experiencias parlamentarias, la generación de consensos legislativos y el impulso de una agenda agroindustrial común que proyecte a la región en el escenario global”, aseguraron.

“El EPAS aspira a transformarse en un centro técnico-parlamentario regional, donde legisladores, asesores y equipos puedan consultar, comparar y depositar proyectos de ley, normas vigentes y documentos de trabajo vinculados al desarrollo agroindustrial, facilitando así la cooperación jurídica y legislativa entre países”, plantearon.

Por eso, ante la disputa con Europa en materia de deforestación, indicaron que la resolución de la Unión Europea “genera efectos negativos sobre las exportaciones agroindustriales, trasladando cargas a los productores, incrementando costos, afectando el desarrollo rural y vulnerando principios básicos del comercio justo y sostenible”.

Entre otros puntos, uno de los más álgidos es el de “riesgo estándar” asignada a varios de sus países integrantes.

“Fue determinada sin criterios técnicos ni científicos claros, sin consulta ni transparencia institucional, y sin considerar los avances legales normativos, ambientales y de los procesos productivos sostenibles alcanzados a nivel nacional”, acusaron.

“EPAS promueve la revocación del reglamento, puesto que las reiteradas postergaciones de su puesta en vigor, sólo son muestra que, sus condiciones actuales exige una revisión profunda con base en criterios multilaterales, técnicos y de cooperación regional”, cerraron.

Fuente: InfoCampo