El dilema que muchos productores agropecuarios enfrentan cuando intentan resistir el pago de la Tasa por Hectárea, ante municipios y comunas que no hacen las obras a las que debieran destinarse esos fondos, encontró una solución más efectiva que la judicialización o el no pago.

El método legal que pone presión sobre los municipios en Santa Fe

La clave que halló el abogado Pablo Torres Barthe, valiéndose de la legislación de Santa Fe, fue recurrir a la figura del pedido de Acceso a la Información Pública y así obligar a los gobiernos locales a transparentar la gestión y el gasto. Incluso a negociar con los productores los montos de la Tasa y el destino de los recursos.

Hasta el momento, la indignación de algunos propietarios -que veían cómo su dinero iba a rentas generales, mientras la infraestructura seguía deteriorándose- generaba el intento de evitar el pago. Sin embargo esta “rebelión fiscal” no encontraba aval de la justicia, sin importar los argumentos.

En lugar de cuestionar la Tasa, Torres Barthe explicó a AIRE Agro que la estrategia pasa por verificar el gasto, solicitando una rendición de cuentas. “Básicamente consiste en presentar un escrito de Acceso a la Información Pública”, dijo.

Estas acciones ya se realizaron en Santa Rosa de Calchines (Departamento Garay), Godoy (Constitución) y Funes (Rosario), mientras que ya están en curso acciones similares en Luis Palacios (San Lorenzo), Cayastacito y San Martín Norte (ambas en San Justo).

Cómo el campo usa la ley para exigir transparencia en municipios y comunas

Lo primero que se solicita al municipio o comuna, explicó el abogado, es la correspondiente ordenanza de presupuesto. “Que no siempre está”, reveló, por lo que en tales casos “todo gasto que se haga es mal gasto, porque no está autorizado por los representantes del pueblo”. O sea: “el presidente comunal no puede gastar plata sin una ordenanza de presupuesto”.

El paso siguiente es pedir el detalles de cuánto recaudó por la Tasa y cuáles son los caminos rurales que mantienen con esos fondos, cómo lo hacen mediante qué acciones concretas y con qué costo. “Para ver que por lo menos la mayoría de la plata recaudada vaya efectivamente a los caminos rurales”, dijo.

Pero eso no es todo, también se piden detalles de gastos generales de la comuna: como el gasto total, el de personal, sueldos y otras cuestiones como cuánto recauda de coparticipación.

“Si la comuna no contesta, uno puede ir a la justicia y sí pedirle ahí que conteste”, explicó Torres Barthe. Contrario a lo que suele ocurrir cuando se solicita el no pago, “la justicia no puede decir que no, porque no es algo en contra de, sino que es a favor del ciudadano”.

Por lo tanto, si la comuna no responde al pedido, “generalmente la justicia la intima a que presente esto; y le pedimos a veces como medida cautelar que mientras no lo presente, no se pague la Tasa”, añadió.

De la confrontación al diálogo: qué cambió entre el campo y las comunas

Como resultado de estas acciones, “se genera por lo menos un llamado al diálogo más serio” entre las partes. El abogado citó el caso de Santa Rosa de Calchines, donde la comuna cobraba 3 litros de gasoil por hectárea en zona alta, más 0.75 litros en bañados y entre 0.50 y 0.25 en islas. “Estaban cobrando en lugares donde no había caminos”, sostuvo.

A raíz del reclamo, que consistía en pedir el mantenimiento de caminos y no pagar por zonas sin infraestructura, “la comuna nos llamó al diálogo, tuvimos una larga charla explicándoles nuestros problemas y para este año cuando salió la ordenanza tributaria o fiscal, efectivamente la tasa por hectárea en islas y bañados desapareció y apareció un artículo nuevo en la ordenanza fiscal donde especificaba que toda la tasa por hectárea iba a ser invertida o gastada en la zona rural, de manera tal que los productores rurales no terminen manteniendo al pueblo”.

Mientras tanto, en San Martín Norte se gestó una primera reunión entre los productores y “cuando el presidente de Comuna se enteró, los llamó y se plantearon las inquietudes”, dijo Torres Barthe. Como consecuencia, se formó una comisión entre productores y comuna para diagramar un plan de acción sobre el mantenimiento de los caminos, así como el acceso de los contribuyentes a saber “cuánto se recauda y cómo se gasta la Tasa por Hectárea".

El abogado indicó que, en general, cada comuna reacciona de una manera distinta, “pero todas generalmente llaman” para establecer un contacto. Y aclaró: “no se trata de no pagar el impuesto, sino que se trata de obtener la contraprestación y también, a lo mejor en algunos casos, acomodar el monto que se paga a algo más racional”.

Torres Barthe indicó que “los productores van de a poco sumándose a esta movida”, a la cual consideró “saludable” porque se trata de una alternativa “absolutamente legal, 100% republicana, porque apunta no solo a solucionar el tema de la tasa sino a acostumbrar a las comunas a que rindan cuentas y a la transparencia en la gestión pública”.

Fuente: Aire Digital