“Va a llevar un buen tiempo ver cómo impacta esta medida en el cuadro de la EPE,porque han sacado el subsidio a la compra de potencia”, explicó una fuente del gobierno santafesino a El Litoral.

Para el 9 de este mes está citada la audiencia pública que debía analizar el futuro tarifario de la EPE, compuesto por el valor de la energía que se le compra a Cammesa (allí está el subsidio mantenido por Nación); el Valor Agregado de Distribución (el costo de las instalaciones para llevar la energía a los domicilios o locales, salarios del personal, etc) y los impuestos.

Cabe recordar que la secretaría de Energía de la Provincia había calculado para un hogar que carezca de subsidios nacionales, bajo la categoría de usuario residencial N1, un aumento promedio en las facturas de marzo de unos $7.800, siempre que su consumo por mes no supere los 400 kw/h.

Los N1, usuarios de ingresos altos según la segmentación tarifaria, no tienen ayudas del Estado Nacional desde mediados del año pasado y pagan la tarifa plena por los kilovatios que consumen. Así como el resto de las categorías no residenciales, dependerán de los incrementos en el costo que apliquen la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y las transportadoras, más allá de lo que ahora sucede con el costo de la distribución a cargo en el caso santafesino de la EPEo de cooperativas.

US$104 mil millones en 20 años

A nivel nacional estiman que los sectores a los que se les recortarán los subsidios padecerán incrementos de entre 110 y 120% a partir de las facturas de febrero. El reciente staff report del FMI preveía incrementos incluso superiores para todo el universo de usuarios, en especial de capital federal y gran Buenos Aires; la decisión del gobierno de Javier Milei supone mantener costos fiscales en momentos de especial tensión social y mientras se definen la suerte de la ley de “Bases” y el mega DNU.

El gobierno de Milei calculó que en los últimos 20 años, los Aportes del Tesoro al sistema eléctrico ascendieron a $4,7 billones que, calculados a un tipo de cambio promedio anual mayorista, representaron la suma de US$104,7 mil millones. Fueron subsidios que no discriminaron necesidades sociales y que desalentaron las inversiones o concentraron beneficios en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano.

En la actualidad, el 65% de los usuario residenciales en el país pagan apenas entre el 8 y el 10% de la energía. La continuidad parcial del subsidio le podría costar hasta US$200 millones de dólares al gobierno de Milei.

Entre la emergencia energética y la social

El polémico DNU70/2023 mentiene vigente la emergencia declarada en el sector energético. En esa norma el Poder Ejecutivo Nacional calculó los déficit gemelos heredados del gobierno de Alberto Fernándes (fiscal y externo) en el equivalente a 17 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con lo que justificó la necesidad de ordenar las cuentas públicas eliminando subsidios.