Michlig dejó en claro que el radicalismo en el Senado prefería alcanzar un acuerdo con el oficialismo y con el gobierno provincial que garantice que se tenga una ley "inmediatamente, sin más pérdida de tiempo" porque "sabemos que Diputados va a hacer cambios a la media sanción" de los senadores.

El radical se quejó de "la falta de diálogo del gobierno provincial" aseguró que se llegó a esta instancia por "la cerrazón del gobernador Perotti" y repasó la gestión en Seguridad al enumerar: "ya van por el cuarto ministro y por el décimo jefe de la Unidad Regional de la Policía en Rosario", sin necesidad de dar más números sobre la violencia en el sur santafesino.

Reloj de Arena

Cuando la reunión avanzó y llegó el postergado momento de las manifestaciones, Michlig volvió a la carga con la cuestión de la inseguridad. Leyó una nota de la ministra de Gobierno Celia Arena respecto de las posibles normas de importancia a tratar por la Cámara en lo que resta del período extraordinario de sesiones, ya que es el Ejecutivo quien debe habilitarlas hasta el 1ro de mayo.

Michlig advirtió que el requerimiento era algo tardío, porque apenas queda una sesión en abril (ya que los legisladores limitaron las sesiones a una frecuencia quincenal) y manifestó que aún así sería una oportunidad adecuada para que vuelva el debate sobre la adhesión de Santa Fe a la legislación nacional sobre narcomenudeo.

Como se sabe, hoy en el territorio santafesino solo la justicia federal, con sus magistrados y fiscales, es competente para recibir denuncias sobre tráfico de drogas y bunkers de venta. El senador radical recordó que la Cámara ha votado en varias oportunidades a favor de dar a los fiscales y los jueces penales santafesinos la jurisdicción para combatir el tráfico de sustancias prohibidas en pequeñas cantidades y mencionó que las demás provincias limítrofes así lo hacen, con mejores resultados.

Explicó que por ejemplo en todo el departamento San Jerónimo no hay fiscales ni jueces federales, por lo que tiene competencia el juzgado federal de Rafaela donde, según acotó Calvo, hay apenas un fiscal y no hay juez.

A esta altura, debe decirse que las medias sanciones para que la justicia santafesina se haga cargo de esos delitos "para cortarles los tentáculos a los traficantes grandes", según la definición del justicialista Joaquín Gramajo (9 de Julio) ha tropezado siempre con el rechazo de la mayoría en Diputados.

Fuente:El Litoral