La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina definirá este miércoles si da curso a la resolución del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” y sugirió la suspensión provisoria del ex titular de Seguridad provincial como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Martínez, auditor ad hoc, emitió una semana atrás una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves”, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria, junto a un planteo de suspensión preventiva del ex funcionario como titular del OI.

Asimismo, remitió el expediente a Acuerdos, que se encarga de acusar y sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. De inmediato, el cuerpo especial le dio ingreso. Martínez solicitó a los legisladores la suspensión provisoria de Sain mientras dure la investigación con el objetivo de evitar el entorpecimiento del trámite previsto por la normativa vigente.

Detonante

El planteo contra Sain dentro del MPA había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados provinciales de la oposición, quienes señalan al ex ministro como el responsable —entre otras acusaciones— del hacinamiento de presos en comisarías, de escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y hasta de manifestaciones discriminatorias en varios pronunciamientos (denunciadas ante el Inadi).

La auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, había rechazado en abril la presentación contra Sain por considerar que las objeciones apuntaban a su desempeño como jefe de Seguridad.

Pero el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, revocó esa decisión y designó a Martínez como auditor ad hoc, medida que reactivó el planteo contra el encargado del Organismo de Investigaciones.

Pese a que las denuncias aluden a casos registrados durante su paso por Seguridad, Martínez sostuvo que Sain seguía perteneciendo al MPA ya que había solicitado licencia en el cargo (al que accedió por concurso en 2018) para sumarse al gabinete de Omar Perotti.

Fabián Bastía, presidente de la comisión bicameral de Acuerdos.

 

En ese contexto, la diputada provincial del PJ Matilde Bruera advirtió a este diario que la resolución “es una ilegalidad más dentro de una embestida persecutoria contra Sain, que incluye un fallido pedido de juicio político, porque le endilgan hechos que corresponden a su paso por la cartera de Seguridad”.

La bicameral de Acuerdos es presidida por diputado provincial frentista Fabián Bastía y la completan siete pares (Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real) y cuatro senadores (Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola).

Escenario

De modo inicial, los números lucen desfavorables para Sain: hay ocho legisladores opositores y dos que responden al senador provincial peronista Armando Traferri, otro rival del ex ministro de Seguridad.

La comisión especial puede optar por desestimar la denuncia, aceptarla, suspender hasta 180 días al funcionario señalado o removerlo. Y, para cualquier tipo de sanción, hará falta la mayoría absoluta de los integrantes cada Cámara reunidos en sesión conjunta.

Días atrás, la comisión de Juicio Político de la Cámara baja provincial había cerrado el proceso contra Sain por presunto mal desempeño de sus funciones. Lo hizo luego de escuchar a la denunciante, la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Lucila Lehmann, quien sostuvo que la renuncia de Sain al Ministerio de Seguridad (el 18 de marzo) había cumplido el objetivo de su presentación.

Fuente:La Capital