El empresario Lázaro Báez, quien fue enviado a prisión domiciliaria en la causa por supuesto lavado de dinero, no pudo llegar a su casa ya que vecinos del barrio privado de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, impidieron en tres ocasiones el ingreso del móvil del Servicio Penitenciario. Cuando finalmente logró acceder al country Ayres de Pilar, un grupo de manifestantes recibió al vehículo con golpes y piedras, hasta que finalmente dio media vuelta y en la noche de este lunes regresaba a Ezeiza.

"Báez preso" y "queremos a los corruptos presos" eran algunos de los carteles que mostraban los vecinos que se manifestaron con un cacerolazo en la entrada del barrio privado del kilómetro 43,5 de Panamericana. "Si la Justicia no funciona, haremos la condena social nosotros y le mostraremos nuestro desagrado porque viva acá", dijo uno de los vecinos a TN.

El dueño de Austral Construcciones arribó pasadas las 20 en un móvil del Servicio Penitenciario pero en tres oportunidades no consiguió atravesar el vallado humano que habían montado los manifestantes. En el cuarto intento traspuso las puertas pero los vecinos golpearon el vehículo y le arrojaron piedras hasta que finalmente le rompieron el parabrisas y los agentes resolvieron desistir en el intento.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 había ordenado más temprano "hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez", por lo que se deicidó que sea enviado a prisión preventiva domiciliaria, aunque esta noche restaba saber qué pasaría con el empresario.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016 por lo que, como varias veces plateó su defensa, se encuentran cumplidos todos los plazos aplicables a la prisión preventiva.

Además de las dos causas en las que se jugaba su salida de prisión, Báez se encuentra siendo juzgado en debate oral y público por supuesto lavado de activos a través de la firma Austral Construcciones, en maniobras calculadas en 55 millones de dólares.

El empresario también es uno de los imputados principales de la causa conocida como Vialidad, en la que se juzga si durante los años que gobernó el kirchnerismo se realizaron maniobras para direccionar la obra pública vial de Santa Cruz en favor de sus empresas.

Fuente:La Capital