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MUNDO

20 de julio de 2020

Pueblo Andino, emblema del desamparo a los vecinos fumigados

El riesgo a la exposición a los agrotóxicos es un tema recurrente de protesta en esta población del departamento Iriondo.

Domingo 19 de Julio de 2020

“El estaba muy interesado en el proyecto de ordenanza que habíamos propuesto. Incluso firmó un petitorio en el cual pedíamos su tratamiento. Cuando ganó las elecciones se le fue todo el interés por el tema y hoy no nos atiende”. La frase pertenece al vecino de Pueblo Andino, Maximiliano Barros, quien integra una de las agrupaciones de vecinos que reclaman por la cercanía de las fumigaciones en torno al área urbana y refiere al comportamiento y proceder del presidente comunal José Abraham, a quien acusa de haberse desentendido del reclamo poco después de asegurarse el cargo.

   Aunque suene extremo, el fenómeno que remarcan los vecinos de la pequeña localidad del departamento Iriondo, de poco más de 5.000 habitantes, se repite con distintos matices en la mayoría de las localidades rurales en las que los habitantes-víctimas del sistema de cultivo agroindustrial se organizan para hacer notar el riesgo de la recurrente exposición a los agrotóxicos.

   También es común a cientos de poblaciones de la “pampa sojera”, la penosa historia de oposición al sistema, la desazón frente a la indiferencia de las autoridades locales, que por temor o connivencia miran para otro lado, y la esperanza de que el Estado en alguna de sus formas, acerque mecanismos para abordar la problemática y que se comprenda (en toda la extensión del término) cómo sufren y sobreviven miles de personas que regularmente son expuestas involuntariamente a los agroquímicos.

   El de Andino es un caso representativo porque allí la lucha, de los que defienden su salud contra quienes cobijan sus réditos económicos, fue virulenta y cargada de episodios tan lamentables como dolorosos, que terminaron en acusaciones judiciales cruzadas y en la criminalización de la protesta social que llevan adelante desde distintas organizaciones que persiguen el mismo fin: evitar los males asociados a los químicos agrarios.

   “Llegamos hace 8 años. Vivíamos en Capitán Bermúdez y nos mudamos para escapar de la contaminación. Hay mucha gente con problemas de salud graves que viene a vivir a poblaciones pequeñas con esa idea y se encuentran con este problema que es tan o más grave que el de las chimeneas”, contó Maximiliano a La Capital. Su casa está a pocos metros del campo por lo que poco después advirtieron el problema y comenzaron la cruzada junto a otros vecinos.

   Su pareja, Julieta Fedeli, de 32 años, a mediados de mayo último obtuvo el resultado de un análisis de orina que arrojó un índice de 2,5 partes por billón cuando el índice biológico máximo permisible es de 0,01. “Esto indica que, como reclamamos desde hace años, los agroquímicos entran a nuestros cuerpos porque se fumiga muy cerca”, resume Maximiliano y explica que no realizaron análisis más exhaustivos por el alto costo.

Existencia de glifosato

Tras conocer los análisis, Julieta (se encuentra en tratamiento médico por disrupción endócrina relacionada a la existencia de glifosato en el cuerpo) envió una carta al presidente comunal. Lo intimó a que en un plazo de 48 horas “adopte las medidas administrativas, legales y sanitarias vigentes”, con el fin de proteger su salud, la de sus vecinos y el ambiente. Le recordó que “la presencia de glifosato en mi organismo es consecuencia de la violación de la normativa comunal, provincial y nacional y por la falta de contralor” y además le anticipó que, en caso de ser necesario, “comenzaremos ya mismo una campaña para demostrar que el pueblo se está enfermando”.

   La lucha venía de antes. Durante un largo derrotero de quejas, incertidumbre e impotencia por intentar cambiar la realidad, fueron los propios vecinos los que se organizaron para elaborar el texto de una ordenanza que al menos alivie el problema, restringiendo las fumigaciones en el área periurbana. “Hicimos un muy buen trabajo. Consultamos con ingenieros agrónomos del Inta, abogados ambientalistas y tomamos referencias de otros lugares. En 2017 presentamos esa iniciativa a los tres candidatos a dirigir la comuna. El actual presidente comunal demostró mucho interés e incluso nos acompañó con su firma para pedir que se sancione la ordenanza. Después que ganó ya no hubo forma de que nos reciba ni conteste nuestros reclamos”, se indignó Maximiliano.

   Otro vecino, Sergio Gorosito, coincidió con esos conceptos: “No tenemos respuestas desde la comuna. Ni siquiera nos atienden las llamadas. Nos enteramos de las novedades cuando se difunden a través de las redes sociales o medios periodísticos de la región. El anterior presidente comunal obraba de la misma forma”.

   Si bien posee distintas aristas, la situación se puede graficar con la posición que toman los jefes comunales frente a un problema que en la práctica les resulta difícil de afrontar o decididamente pretenden barrer bajo la alfombra para no tener que lidiar con los sectores de poder. En algunos casos, terminan aportando presencia desde el Estado para garantizar la actividad que se cuestiona e incluso litigan en sede judicial contra los mismos vecinos que deberían proteger y a favor de quienes generan el daño.

   Lejos de desanimarse, los vecinos orientaron sus esperanzas en encontrar otras salidas. Judicializar sus reclamos les resulta un terreno extraño en el que encuentran muchos escollos. “Hicimos muchas denuncias y presentaciones en la Fiscalía, pero no hubo mayores progresos”, dijo Maximiliano.

   Ahora, y a pesar de los sucesivos fracasos en el ámbito legislativo en la última década, sus expectativas y la de la mayoría de los habitantes de los pueblos fumigados que padecen el problema, están centradas en los proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara baja santafesina, que coinciden en prohibir la aspersión aérea de agrotóxicos y alejarlos 1.500 metros a contar de la línea urbana de todas las poblaciones para las aplicaciones terrestres.

Los proyectos

En un comunicado reciente, la multisectorial Paren de Fumigarnos respaldó el proyecto de ley presentado el 5 de junio por el diputado nacional, Leonardo Grosso, sobre presupuestos mínimos para la aplicación de agroquímicos. Ambas iniciativas coinciden en la mirada restrictiva y en la modalidad de alejar los tóxicos de las áreas pobladas con vistas a un cambio de paradigma en los métodos de producción de alimentos.

   Las propuestas contemplan prohibir la aplicación terrestre, manual o mecánica, de agroquímicos a menos de 1.500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, apiarios, producción e industrialización de productos animales; cursos, espejos y pozos de agua. Además, plantean prohibir a nivel nacional la aplicación aérea de agroquímicos en un plazo de dos años de aprobada la norma, período en el cual la misma debería respetar un área de exclusión de 5.000 metros, así como la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas. También proponen la prohibición de tránsito, circulación, guarda o depósito de las maquinarias con carga de agroquímicos dentro de las áreas urbanas.

   En Santa Fe el proyecto lleva el aval de las diputadas Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura) y Matilde Bruera (PJ), Lucila de Ponti (Movimiento Evita) y los diputados Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) y Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), basado en la lucha histórica de la organización Paren de Fumigarnos.

 

Hace quince días

“A la última fumigación la hicieron hace unos 15 días con el auto de la Guardia Urbana parado frente a la casa de los vecinos que protestan, para cuidar a los que envenenan”, dijo Maximiliano Barros. Y añadió: “Sentimos mucha angustia y tristeza, tenemos la sensación de que todo seguirá igual. Estamos desahuciados porque no vemos que las herramientas que nos dan la democracia, la Justicia y las instituciones funcionen frente a este problema”.

 

 

fuente: la capital

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