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11 de junio de 2020

La intervención de Vicentin divide las opiniones entre los constitucionalistas

Una parte de los expertos considera que la medida se ajusta a derecho, otra asegura que el presidente se arroga funciones judiciales.

00:00 hs - Jueves 11 de Junio de 2020

La arriesgada movida del gobierno nacional con Vicentin divide a los abogados constitucionalistas: mientras una parte de la biblioteca considera que la intervención es legal y ajustada a derecho, la otra plantea que con la medida el presidente excede las atribuciones contempladas en la carta magna.

El jurista Domingo Rondina señaló a La Capital que la decisión de intervenir el gigante cerealero "se puede discutir desde la política y la economía, pero es legal y constitucional".

"La expropiación está prevista en la constitución desde 1853, se puede afectar cualquier propiedad privada con una ley del Congreso e indemnizando al propietario", argumentó.

En la vereda de enfrente, el abogado Diego Armesto indicó a este diario que el decreto de necesidad y urgencia con que el gobierno tomó el control de la empresa del norte santafesino "no pasa el test de constitucionalidad que establece la carta magna".

"Leyendo las atribuciones del Poder Ejecutivo no encuentro ninguna que le permita el dictado de este DNU y de esta intervención", señaló Armesto. Y agregó: "Se hace una interpretación forzada de la ley de expropiaciones, la ley 21.499, se excede en las facultades delegadas por la ley de emergencia votada en diciembre, se arroga casi funciones judiciales y violenta el artículo 109 de la constitución, que prohíbe la intervención del Poder Ejecutivo". Además, Armesto destacó que se está tramitando el concurso de acreedores en Reconquista, por lo que no debería sospecharse que el juez Fabián Lorenzini permita el vaciamiento de la empresa.

 

Por el contrario, para Rondina no importa que la empresa esté bajo concurso de acreedores, y defendió la figura de ocupación temporánea que aplicó el gobierno. "Es un modo habitual de ingresar a una empresa en marcha cuando vas camino a la expropiación —explicó—, porque si vos esperás que se apruebe la ley te vacían la empresa, y se deteriora el valor, el mercado reacciona y se deja de confiar en la empresa".

De acuerdo al especialista el hecho de que los interventores del Poder Ejecutivo no hayan podido ingresar a las oficinas de la empresa en la localidad santafesina de Avellaneda confirma que el juez del concurso de acreedores no controla la empresa. "Las instalaciones las cerraron los gerentes, que son los que controlan todavía la empresa y eso es normal en un concurso, porque no se desposee a los dueños", indicó Rondina, quien subrayó también que la ocupación temporánea ya se aplicó en el caso del ingenio Las Toscas y la fábrica Narampol.

Además, Rondina fustigó un argumento que esgrimieron en los últimos días quienes rechazan la invertención de Vicentin: que la ley de expropiaciones proviene de la última dictadura militar. "Es una boludez, jurídicamente", sentenció. "La mitad de las leyes que usamos provienen de períodos militares, el Congreso en 1984 derogó algunas leyes y convalidó otras, y la Corte ha dicho mil veces que este tipo de cuestionamientos no tienen ningún asidero", remarcó.

El turno del Congreso

A pesar de sus diferencias, ambos constitucionalistas coinciden en que debe ser el Congreso el que decida una eventual expropiación. En caso de aprobarse un proyecto, deberá pagarse a sus actuales dueños el precio que determine el Tribunal de Tasaciones, un organismo estatal. "Si el propietario no está conforme puede discutir el monto, pero la expropiación ya se produce", aclaró Rondina.

Para Armesto aunque el Congreso puede subsanar la inconstitucionalidad de la medida a través de una ley del Congreso, es la Justicia la que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de una norma.

En este marco, ¿Puede empantanarse la intervención en los tribunales? Ambos especialistas se muestran escépticos. Rondina aclaró que "el amparo sólo procede cuando hay arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y en este caso la legalidad está, lo que se puede discutir es la cuestión de fondo". "No veo nada que pueda impedir que esto se concrete", sostuvo.

En tanto, Armesto advirtió que una vez que el Congreso apruebe el decreto se podrá plantear una acción en cualquier momento, pero ve difícil que una acción avance por dos motivos: que la Justicia admita la legitimación de quien presente una demanda, y que se habilite la feria judicial mientras los tribunales siguen en modo cuarentena.

 

Discutirán en el Senado un proyecto para crear una bicameral por la cerealera

El Senado comenzará a discutir mañana en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera Vicentin, cuya intervención fue anunciada por el presidente Alberto Fernández.

   La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, convocó para mañana a las 14 a una reunión por videoconferencia e incluyó en el temario un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli, que propuso crear una comisión bicameral para investigar supuestos ilícitos en Vicentin.

   Parrilli presentó el 30 de abril pasado un proyecto de ley que propone crear una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades que pudieron haber existido en la relación crediticia entre el Banco Nación y la compañía cerealera.

   En caso de aprobarse su creación, la comisión bicameral estará integrada por legisladores de ambas cámaras para determinar si el Banco Nación cumplió los procedimientos correspondientes para los otorgamientos de los préstamos y sus refinanciaciones y si actuó en cumplimiento de la normativa vigente por el Banco Central.

    En el segundo artículo, dispone que se dilucide también si el Banco Central, en su condición de organismo regulador, “ha efectuado el control correspondiente en el marco de sus funciones regladas”.

   La iniciativa hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el Estado Nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, quien fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.

   La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible “defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años”.

   Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer “si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal”.

   También abogó por “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

   La Comisión “deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables” y si evadieron tributoss, dejando de ingresar a las arcas estatales, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias”.

 

fuente: la capital

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