Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron ayer una denuncia penal contra Alberto Fernández por "abuso de autoridad" por la intervención de la empresa Vicentin, anunciada el lunes por el presidente en Casa Rosada.

"El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley", argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, lvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.

El lunes a la noche, los bloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados difundieron un comunicado oficial en el que sentaron posición tras el anuncio presidencial que dio cuenta de la intervención de la firma agroexportadora y del envío de un proyecto de ley de expropiación de la misma. "Es ilegal, peligrosa e inconstitucional", resaltaron los senadores y diputados opositores.

Según la presentación judicial, el decreto 522 publicado ayer en el Boletín Oficial viola los artículos "17, 18, 29, 75 inciso 12, 75 inciso 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional".

Y argumenta: "La norma que pretende otorgarle tales facultades está vedada por el texto constitucional, que prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno. Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia", resaltaron los legisladores.

"La decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe", dijeron.

fuente: la capital