Este martes, el Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista registró el decreto 522/2020, que dispone la intervención de Vicentin a manos del Estado. Lo hizo en el marco de la causa del concurso preventivo, que la propia empresa solicitó en febrero y que, según indican desde la sindicatura, continuará según los cronogramas establecidos.

Si el Estado tenía intenciones de participar en Vicentin debió haber esperado que la empresa solucione su situación concursal, opinaron

“En estos momentos estamos en el período de verificación de acreedores. En algún momento se establecerá quiénes son los acreedores, los montos. Y luego se verá si esa misma empresa, que ahora estará manejada por nuevos dueños, puede establecer un arreglo con sus acreedores”, señaló Roberto Baravalle, designado interlocutor por el órgano sindical.

Debate jurídico

Desde el preciso momento que se conoció la decisión del gobierno nacional de avanzar sobre Vicentin se generó un intenso debate en el plano jurídico. Fue sobre si la movida de dictar una intervención por decreto tenía sustento argumental. El contenido de la norma se conoció recién sobre el mediodía de este martes, casi en coincidencia con la notificación realizada ante Fabián Lorenzini, el magistrado a cargo de la convocatoria.

El decreto en cuestión, que lleva las firmas de todo el gabinete nacional, dispone la intervención transitoria por el plazo de 60 días de Vicentin SAIC. “Con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”. Designa a Gabriel Delgado como interventor y a Luciano Zarich como subinterventor. Este último fue quien encabezó la comitiva que se presentó en Reconquista. En su artículo quinto, la resolución indica que Delgado deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad. Y el resultado de la gestión ante el Juzgado interviniente en la convocatoria.

Más allá que, en principio, la avanzada del Estado no altera los tiempos del concurso, desde la sindicatura no dejaron de plantear sus diferencias: “Si el Estado tenía intenciones de participar en Vicentin debió haber esperado que la empresa solucione su situación concursal. Y sólo en caso contrario, presentarse en el salvataje como cualquier otra empresa”, opinó Baravalle.

Para el vocero del órgano sindical, la intervención debió realizarse, en todo caso, a través de los “resortes pertinentes dentro de la provincia de Santa Fe. Esto es, la Inspección General de Personas Jurídicas”. Más allá de ello, fue terminante respecto a la marcha de la convocatoria: “El concurso continúa”, afirmó.

Si bien el juez Lorenzini sigue sin brindar declaraciones a la prensa, desde su entorno se pronunciaron en línea con la lectura de los síndicos. “Esto no debilita para nada la posición del juez. Lo único que cambia es la titularidad de la empresa concursada”, dijeron. Mientras que a renglón seguido también manifestaron sus diferencias respecto a las formas de la iniciativa. “Hay una debilidad jurídica. Posiblemente por ello se hayan apresurado a realizar todo de un día para el otro”, aseveraron.

Inédito

El desconcierto provocado por la decisión del presidente se funda no solo en el mero hecho de la intervención -algo que tiene lecturas contrapuestas de uno y otro lado de la grieta-, sino a que se trata de una avanzada sobre una firma que al poco tiempo de concursarse es sujeto de expropiación. Algunos analistas aseguraron que el Ejecutivo sacrificó prolijidad para ganar tiempo, pero no dejan de remarcar que ello termina generando un alto precio para el Estado.

Consultado por este medio, el abogado constitucionalista Oscar Blando mostró las dos caras del tema: “Por un lado tengo una mirada absolutamente restrictiva porque el Decreto de Necesidad y Urgencia no debiera ser la regla sino la excepción, por lo cual tiene que tener una buena fundamentación. Pero por el otro también digo que el asunto de la soberanía alimentaria no es solo un slogan, sino que también tiene un marco regulatorio específico”, explicó.

En el mencionado decreto hay un desarrollo vinculado a lo expresado por Blando, pero quedará en las manos de la Justicia definir su legalidad o no. Si bien no habló directamente de resistir la intervención, la compañía ya reivindicó “la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y sus accionistas”.

Con información de El Litoral