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8 de mayo de 2020

Retorno de los proyectos totalitarios: legisladora K insiste con recrear la Junta Nacional de Granos

7 de mayo, 2020

La iniciativa para la creación de una Junta Nacional de Granos es de la senadora rionegrina Silvia García Larraburu del Frente de Todos y fue presentada el pasado 10 de marzo.

De acuerdo a información publicada por el periodista Fernando Bertello del Diario La Nación, fuentes cercanas a la legisladora indicaron que la iniciativa había perdido estado parlamentario y se representó. Pese a que el proyecto está de nuevo vigente y girado a comisiones, desde el entorno de la senadora indicaron que por “ahora no forma parte de la agenda de trabajo". Como diputada García Larraburu ya había planteado con anterioridad iniciativas similares.

Estas informaciones fueron suficientes para generar en las últimas horas una renovada inquietud entre los productores que expresaron su preocupación a través de mensajes en grupos de Whatsapp.

El proyecto de García Larraburu se suma así a la propuesta que deslizara en agosto del año pasado el ahora canciller Felipe Solá.

Qué dice
En el proyecto, la senadora propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos", "garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo", "tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos", "producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".

Plantea una fuerte intervención en el comercio, ya que otras de las funciones del organismo sería la de "ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo".

También promueve "fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte", "autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes".

El proyecto también reserva para la Junta Nacional de Granos la facultad de "proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación".

En este mismo sentido, contempla como funciones "fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos" y, "administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores y depósitos del Estado".

Además, dice que "en la comercialización de los granos y sus subproductos, en que deba intervenir la Junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca".

También se detalla que "toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente".

El proyecto prevé crear un fondo con las operaciones de la Junta y en la constitución del organismo estarían nueve personas designadas por el Poder Ejecutivo con un presidente propuesto por el Ministerio de Agricultura.

Parece que García Larraburu tiene mucho tesón, porque ya en el año 2014 la senadora había presentado un proyecto de ley con el objeto de recrear la Junta Nacional de Granos (S-4246/13), luego lo representó en 2016 (S-314/16) y finalmente en 2018 (S-508/2018) expediente actualmente vigente.

La pregunta es ¿tiene chances de prosperar? ( *)

 

 

fuente: agroverdad

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