Los abogados penalistas Alejandro Otte y Sebastián Oroño, en representación de Red Mutual, presentaron 23 denuncias en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Es contra empleados públicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, por supuestas estafas. La modalidad era evitar saldar los créditos obtenidos mediante la presentación de una quiebra.

Según la denuncian, los uniformados tomaron la ayuda solidaria en la mutual a sabiendas que luego desarrollarían una maniobra judicial para no devolver el importe. Se estima que a fines de marzo está previsto que se concreten las primeras imputaciones.

“Se trata de veintitrés personas que habiendo solicitado un crédito en una asociación mutual, automáticamente presentaron la quiebra. Disponen del dinero, y presentan la quiebra a través de un abogado”, explicó Otte. En esa línea, el letrado explicó que la mayoría de las personas investigadas “dependen del Ministerio de seguridad y pertenecen a una franja etaria que ronda entre los 28 y 35 años”.

Mala intención

Otte manifestó además que las personas denunciadas declararon un pasivo de al menos 300 mil pesos. “¿Cómo se llega a ese nivel de endeudamiento? Las causales generalmente son las mismas: que por el nivel de inflación y que el sueldo no acompaña tuvieron que ir pidiendo créditos hasta no poder devolverlo”, sostuvo en ADSF.

En tanto, la mayoría de los casos firman los poderes para pedir la quiebra una o dos semanas antes de sacar el crédito. Y después mienten en la declaración jurada (para sacar el crédito). “No hay duda que sacan el crédito engañando a la persona que les toma los datos, es una defraudación, lisa y llanamente”, opinó el abogado.

A su vez precisó que muchos de los agentes policiales denunciados tienen causas en trámite. “Delitos contra la propiedad, antecedentes dentro de la fuerza. Puede haber algo de horas OSPE, coacciones, violencia de género, violencia institucional. Son personas que ya han demostrado una actitud contraria al ordenamiento jurídico”, destacó el abogado.

FUENTE: SIN MORDAZA