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POLITICA

23 de febrero de 2020

¿Fernández derogará el decreto de Macri para expulsar extranjeros?

El Consejo de Asesores, con aval del presidente Alberto Fernández, trazó una reunión con organizaciones que defienden a inmigrantes e insisten para que se elimine el DNU 70/2017.

Mientras analiza derogar el decreto de necesidad y urgencia que había firmado Mauricio Macri en 2017 para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros, el Presidente encomendó a su Consejo de Asesores recibir a organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes que insisten con la eliminación del DNU 70/2017.

El encuentro fue este miércoles en Casa Rosada y, en medio de la audiencia que mantuvieron Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pasó inadvertido mediáticamente, pero fue "muy importante", según confiaron fuentes del Gobierno, "para tomar conciencia de la situación que atraviesan los inmigrantes desde que Macri impuso ese decreto".

Si bien no se trata de una prioridad del Gobierno, que está enfocado en resolver el tema de la deuda y en el plan de lucha contra el hambre, es una de las medidas en materia legislativa que Alberto Fernández más criticó de su antecesor en los últimos tiempos.

"La Argentina ya tenía un régimen que marca que cuando un extranjero es condenado es susceptible de expulsión. Lo que Macri hizo fue autorizar expulsiones sin condenas y esto parece muy peligroso porque se puede convertir en un acto de persecución contra alguna población", dijo en enero el Presidente, en plena gira por Israel, luego de que Clarín anticipara su intención de derogar el decreto, que acelera los plazos de expulsión de extranjeros que delinquen o con antecedentes. "Siempre estuve en contra", recordó el mandatario en esa ocasión. Y se comprometió a evaluar el tema, pese a que sectores del Frente de Todos dudan sobre la conveniencia política de avanzar en este momento con la eliminación del decreto, para no alimentar los cuestionamientos de la oposición, que intenta instalar la idea de que tras el recambio presidencial hubo un retroceso en materia de Seguridad.

"Ellos nos quieren llevar a esa falsa discusión de mano dura o mano blanda. No tenemos que caer en esa, porque el extranjero no es sinónimo de delincuente como creen en Cambiemos", es la defensa que esgrimen cerca del jefe de Estado. En ese contexto, la cumbre fue bajo el paraguas del Presidente: "El dio el visto bueno", confiaron en Balcarce 50.

Por cuestiones de agenda, el jefe de asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos; ni su vice, Julián Leunda; no pudieron estar en la cumbre que se realizó en el Salón de los Pueblos Originarios. Así, el filósofo Ricardo Forster, el antropólogo Alejandro Grimson y la politóloga Cecilia Nicolini llevaron las riendas por parte del Gobierno.

Desde las organizaciones se anotaron, además de Mariana Fontoura Marques, de Amnistía Internacional; y Diego Morales, del CELS; Zulema Montero (Yanapacuna), Doris Quispe (Campaña Migrar no es delito), Alfonso Rojas (Red Nacional de Líderes Migrantes), Bamba Diome (Dahiras Mouridies), Dona Palacios (Red de Migrantes y Refugiadxs), Gabriela Liguori (CAREF), Demian Zayat (COPADI), Florencia Mazzadi (Asociación Civil CineMigrante), Ana Paula Penchaszadeh (Conicet), entre otros dirigentes que defienden los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones mostraron su preocupación por la vigencia del decreto y cuestionaron el "fenómeno de criminalización y discriminación y la profunda regresión" en materia de derechos que, consideran, generó el DNU. "Destacaron una posición que nosotros apoyamos, que migrar no es un delito. Nuestro país es fruto de oleadas migratorias que forjan nuestra identidad", contaron desde el Gobierno.

Uno de los participantes de la reunión coincidió con los migrantes al señalar que "los dispositivos del decreto son extremadamente persecutorios". Sin embargo, más allá de las coincidencias ideológicas previas, el relato de los dirigentes conmovió especialmente a los funcionarios del Gobierno. "Nos contaron historias escalofriantes de madres separadas de sus hijos, matrimonios divididos por la frontera porque uno de ellos fue expulsado sin motivo, e historias de familias enteras en situaciones de extrema vulnerabilidad", relató otra voz oficial.

A pesar de que, advirtieron, la derogación del decreto "es una decisión que se toma a otro nivel del Ejecutivo", en relación a que es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien tiene bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones que conduce Florencia Carignano; los funcionarios indicaron en la cita que van "a elaborar un informe" al Presidente, en definitiva quien tiene la última palabra. "Nos dijeron que lo van a analizar", aseguraron a este diario dirigentes que pasaron por Casa Rosada.

"Nuestro Gobierno busca ampliar derechos a las personas, vengan de donde vengan. Y para ello buscaremos fórmulas superadoras que resuelvan la situación", contestó con prudencia un portavoz del Gobierno. Sucede que hay un ala del Gobierno que le insiste a Alberto F. para que espere un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que decidir sobre la impugnación que el grueso de estos organismos de DD.HH. hizo ante la Justicia y que fue apelada por la gestión macrista. La alternativa, si ese fallo continúa demorándose, es el debate de una reforma migratoria integral en el Congreso.

 

 

 

 

 

FUENTE: NUEVO DIARIO WEB

 

 

 

 

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