El Grupo Vicentin se declaró en diciembre en “estrés financiero” y en febrero pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores.

“La situación alcanzó una alta visibilidad en la agenda pública, por el lugar preponderante que ocupa Vicentin en el sector agroexportador pero, también, por los créditos millonarios que recibió de la banca pública, bajo el gobierno de Mauricio Macri, que se encuentran bajo investigación penal y legislativa”, recordaron desde aceiteros.

En ese sentido, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional Aceitera dijo que, “esas libertades con las que cuentan las grandes empresas creando complejas estructuras corporativas, radicando sucursales en países con pocos o nulos impuestos, manteniendo largos juicios con los organismos de recaudación fiscal, armando y deshaciendo asociaciones con otras empresas, permiten la acumulación de ganancias por circuitos legalmente aceptados que desaparecen a la hora de las crisis”.

“Esa ganancias que salen del país -continuó Yofra – durante años luego parecen no tener ninguna conexión con los desequilibrios empresariales. Por eso exigen acompañamiento en las pérdidas cuando nunca lo hicieron con sus ganancias”.

“La situación alcanzó una alta visibilidad en la agenda pública, por el lugar preponderante que ocupa Vicentin en el sector agroexportador”.

Para el dirigente gremial, “la repentina aparición de los problemas que argumenta padecer la empresa desnudan además la insuficiencia del control estatal, herencia de la desregulación neoliberal, que facilita la arbitrariedad de las maniobras patronales y afecta por ello a los intereses de la clase trabajadora y el pueblo argentino”.

Frente a esta coyuntura “desde nuestra organización gremial reafirmamos que los trabajadores de Vicentín no tienen ninguna responsabilidad en la situación, y de ninguna manera deben ser quienes paguen las consecuencias de la misma”.

Por el contrario, “le corresponde responder a Vicentin SAIC y también a quienes ocupando circunstancialmente cargos políticos en el Estado nacional, quienes avalaron medidas que llevaron a esta situación”.

En este marco, “no se debe descartar ninguna alternativa para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo. A la crisis se la enfrenta con pleno empleo, con salarios mínimos vitales de acuerdo a su definición legal, paritarias libres y la plena vigencia de los derechos laborales, sindicales y constitucionales para el conjunto de la clase trabajadora”, concluyeron.

FUENTE: SIN MORDAZA