El Ministerio de Trabajo de la provincia intimó ayer a la Municipalidad de Ceres a acatar la conciliación obligatoria dispuesta en conflicto que tiene en vilo a esa ciudad del departamento San Cristóbal y a las que las partes se sometieron tras una primera intervención del organismo provincial luego del despido de 44 empleados.

La reacción gremial ante los despidos fue una huelga general declarada por el Sitram, que virtualmente ha paralizado el funcionamiento del Estado local. Alrededor de 10 días atrás, las partes acataron la intervención del Ministerio aceptando la conciliación.

Esta instancia implica que la situación debe retrotraerse al momento previo al conflicto como condición sine qua non para encarrillar el diálogo. Es decir, el Municipio debía reincorporar a los despedidos y el gremio levantar el paro. Pero las autoridades no restituyeron su empleo a los 44 operarios ni les pagó el salario correspondiente. Por tal razón en la audiencia que se realizó en la ciudad de Santa Fe, conforme quedó asentada en el acta que firmaron las partes, el Ministerio intimó a la intendencia ceresina a acatar la conciliación.

Así lo resumió a LaCapital el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pussineri, quien subrayó que "la reincorporación de los despedidos y el pago de los salarios a los que ya adquirieran derecho no suspende ni mengua en nada la facultad de las autoridades de revisar los nombramientos, pero mientras tanto, y a fin de restablecer el diálogo con el gremio, debe acatar la conciliación".

Cambio de signo

En diciembre último, el gobierno de Ceres cambió de signo político. El peronismo, que venía gobernando la ciudad, fue reemplazado por una administración de signo radical. Las nuevas autoridades, encabezadas por la intendente, Alejandra Dupouy, decidieron revisar decisiones adoptadas por sus antecesores; entre ellas, la designación de personal, y optó por desvincular a 44 empleados. El gremio rechazó la decisión y se desató el conflicto ahora empantanado por el incumplimiento municipal a la conciliación.

El plazo por el cual rige la medida es de 15 días pudiéndose ser prorrogada por idéntico plazo. Pero se trata de un mecanismo al cual se obligan las partes a retrotraer la situación a una instancia previa al conflicto.

"Conforme la documentación hay al menos unos 27 efectivos que revisten una antigüedad significativa y desempeñan labores en servicios generales (limpieza de lugares públicos, a modo de ejemplo), de modo que entendemos que el planteo que hace el gremio de que no son todos nombramientos políticos suena prima facie atendible, pero para ello deben hacerse efectivos los términos de la conciliación y el Municipio deberá reincorporar a los 44 y pagarles el sueldo", dijo Pussineri.

A la reunión en la ciudad de Santa Fe concurrieron por la Municipalidad la fiscal municipal, Yanina Brondoni; el secretario general y la integrante de comisión directiva de Sitram, Antonio Ruiz y Luciana Menighini, respectivamente, y en representación de la Festram lo hicieron Horacio Chiappero, Germán Ocampo y Mauricio Herzog.

El diálogo entre las partes, mediado por funcionarios de la cartera laboral, fue tenso. La fiscal ceresina rechazó que se respete la autonomía municipal para revisar designaciones y nombramientos. Desde el gremio contrarrestaron afirmando que se levantó el paro para cumplir lo acordado en el acta anterior y facilitar el diálogo conciliatorio.

FUENTE: LA CAPITAL