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POLITICA

31 de enero de 2020

La ley de necesidad pública ingresará la semana próxima al Senado santafesino

Pese a los cortocircuitos sin fin, el oficialismo continúa apostando a los contactos con la oposición en tiempo de descuento.

La Casa Gris enviará la semana próxima a la Legislatura santafesina el proyecto de ley de necesidad pública, que consta —a modo de pilares— de dos emergencias: una alimentaria, social y de salud y otra de seguridad. La iniciativa, que todavía no logra consenso en toda la oposición, ingresará por el Senado, donde el oficialismo visualiza un camino menos problemático. El objetivo de la gestión de Omar Perotti es que el mensaje se trate en ambas Cámaras antes de que concluya la primera quincena de febrero.

   

 

En rigor, hace dos días que el Ejecutivo provincial tiene listo el proyecto, pero en las últimas horas siguió sumando propuestas. La esencia de la iniciativa fue oficializada por Perotti y su gabinete en la reunión realizada el martes pasado en la Gobernación junto a todos los actores socioeconómicos de la provincia (ver aparte).

Al igual que lo ocurrido en diciembre con la fallida ley de emergencias, que terminó archivando la Cámara baja, el nuevo proyecto llegará al Senado, donde el oficialismo mantiene un diálogo más fluido con legisladores propios y de la oposición.

Aunque, a diferencia de lo ocurrido por entonces en la Cámara alta, Perotti espera que los senadores (ya tienen un borrador en su poder) voten la propuesta sin modificaciones. Los interrogantes, en tanto, siguen abiertos acerca de cómo volverá a jugar el Frente Progresista (FPCyS) en Diputados, donde tiene mayoría.

Hasta el momento, la Casa Gris no pudo avanzar en el diálogo con los socialistas, en medio de incesantes pases de factura por la herencia o por los pronunciamientos públicos del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, un picante objetor de la administración saliente.

No obstante, en el oficialismo confían en que los contactos informales en tiempo de descuento ayuden a descomprimir la situación. Y resaltan el peso del aval cosechado de distintos sectores sociales y económicos de Santa Fe, al igual que de intendentes y jefes comunales, "varios de ellos del FPCyS" (ver página 13).

"Estamos tranquilos. No pedimos superpoderes sino financiamiento para cuestiones concretas y probadas", deslizó ayer a La Capital un habitual transeúnte de los pasillos de la Gobernación.

También destacó la pretensión de que la ley de necesidad pública sea tratada antes del final de la primera quincena de febrero ya que, más allá de la suerte que corra la iniciativa, la gestión de Perotti por entonces deberá cumplir —de algún modo u otro— distintos compromisos.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública provincial, Rubén Michlig, amplió sobre el proyecto: "Proponemos un fondo de emergencia alimentaria para llegar a aquellos que no recibirán la Tarjeta Alimentar. Será de unos 2.500 millones de pesos, conformado por recursos de Rentas Generales y, eventualmente, de programas nacionales".

Además, indicó que aspiran a generar un "fondo de emergencia sanitaria, también por unos 2.500 millones de pesos, para potenciar al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y programas de salud".

Luego habló de un "fondo de emergencia en seguridad", a destinar a "equipamiento y para favorecer la movilidad" del personal policial.

Incluyó en el paquete el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la aplicación del boleto educativo a partir de marzo, aunque supeditó su puesta en marcha a la sanción del proyecto. "Con el presupuesto aprobado (en diciembre) resulta muy dificultoso", argumentó.

Michlig también señaló que la iniciativa contempla herramientas que les permitirán a municipios y comunas renegociar sus deudas.

La Capital

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