En el marco del proyecto enviado al Congreso para una nueva ley de Ética Pública, el Gobierno incluyó un artículo que establece que los líderes sindicales y de sus obras sociales estarán obligados a presentar y hacer públicas sus respectivas declaraciones juradas sobre sus patrimonios. Se trata de un punto que históricamente generó resistencia de los popes gremiales desde la cúpula de la CGT hacia abajo.

El proyecto, que elaboró la Oficina Anticorrupción e ingresó por Diputados este miércoles, establece que “se extiende la obligación de presentar declaración jurada para quienes integren los órganos directivos y de administración de las asociaciones sindicales” y “quienes integren los cuerpos colegiados de dirección y administración de las obras sociales”. Con esto se quiere transparentar los siempre misteriosos, y abultados, patrimonios de los gremialistas.

Los bienes de los jefes sindicales siempre ha sido un tema tabú, sea quien sea que ocupe la máxima conducción de la CGT. Sus declaraciones juradas se mantienen bajo un manto de sombra mientras, se sabe, viven en fastuosas propiedades, en barrios privados o zonas exclusivas de la Ciudad como Puerto Madero.

Cabe recordar los casos de distintos sindicalistas detenidos cuyo patrimonio sorprendió por la cantidad de autos, dinero, viviendas, y demás artículos de valor que incluían.

Además, los gremios nutren aún más sus cuentas gracias a los aportes que obligatoriamente hacen los trabajadores, estén o no sindicalizados, con lo que obtienen cajas millonarias no solo para sus organizaciones, sino también para sus obras sociales. Esos fondos tampoco tienen un control demasiado claro.

El nuevo proyecto de Ética Pública se viene trabajando desde hace meses. En un momento trascendió que se iba a quitar la obligación sobre las declaraciones juradas para los sindicalistas, algo que ahora sin embargo se materializó.