Poco después de que se hiciera pública la impugnación planteada por el partido PAIS a la consulta popular convocada por el Poder Ejecutivo provincial, mediante decreto, para que el electorado santafesino se expida a favor o en contra de la reforma de la Constitución santafesina, el gobernador Miguel Lifschitz anticipó su decisión de contestarla. “No la he leído todavía pero me dice el ministro de Gobierno (Pablo Farías) que no tiene mucho fundamento y que es muy pobre la presentación. Así que apenas nos den vista la vamos a contestar”.

Como se sabe, el gobierno promueve la realización de una consulta popular sobre la reforma de la carta magna provincial, en coincidencia con los comicios generales del 16 de junio. “Estamos hablando de una consulta popular que está contemplada en prácticamente todas las constituciones provinciales y en la Constitución Nacional. En este caso es no vinculante y no obligatoria, por lo tanto no genera ningún tipo de condicionamiento ni al ciudadano ni a los legisladores en el futuro. Es una consulta de opinión y no hay ningún reparo jurídico ni constitucional para detener ese proceso”, opinó el mandatario santafesino este martes.

Para Lifschitz, queda claro que “no es necesario” que la convocatoria, que fue hecha por decreto, “pase por la Legislatura porque no se trata de una consulta obligatoria o vinculante. Es simplemente una consulta de opinión”. En esa misma línea evaluó que el trámite se va a poder llevar adelante con las elecciones generales del 16 de junio y consideró que no va a interferir “en absoluto” con el proceso electoral que definirá el nombre del futuro gobernador y vice, legisladores, intendentes y presidentes comunales. “Es una boleta adicional que se depositará en una urna independiente y tendrá un régimen de escrutinio distinto del que corresponde al proceso electoral”.

“HERRAMIENTA FINANCIERA”

Las declaraciones del mandatario provincial se produjeron luego de la presentación del proyecto de creación de una banca pública, en base al proyecto que en los próximos días será enviado a la Legislatura. “La idea es que sea un banco de inversión y desarrollo, que tenga como función principal captar ahorros del sector privado y también ahorros del sector público estatal de la provincia y con eso financiar al sector productivo -el pequeño y mediano fundamentalmente-, industrial, agropecuario, comercial y de servicios, para apoyar y promover las economías regionales. Es decir que Santa Fe volvería a recuperar una herramienta financiera que perdió durante los ‘90 cuando se privatizó el Banco de Santa Fe y se liquidó el Banco de Inversión y Desarrollo que ya existía”.

El gobernador evaluó que “para nosotros es un proyecto de enorme repercusión para el mediano y largo plazo”. “Va a llevar un tiempo la elaboración de las bases del estatuto de esa institución; hay que analizar distintas alternativas”, admitió.

Mientras tanto anticipó que “la propuesta permite desde una entidad financiera de 100 % de capital público o de una entidad mixta con un 51 % de capital público y un 49 % integrado por aportes privados o de otras instituciones financieras de carácter regional o local. O sea que permite varias alternativas. Pero creemos que es un paso adelante muy importante”.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

En otro tramo de la rueda de prensa, el gobernador fue consultado sobre la extinción de dominio, figura que tiene como fin la recuperación a favor del Estado de bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos, y que fue establecida a nivel nacional por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia.

“En Santa Fe lo venimos implementando desde hace casi tres años, pero lo hicimos por el camino que creemos adecuado, a través de una ley aprobada por la Legislatura”, aclaró el mandatario para quien “eso nos da el marco jurídico necesario para que no pueda ser tachada de inconstitucional”.

Destacó además que se implementaron “de manera efectiva todos los procedimientos para poder realizar las subastas y que lo producido pueda volver directamente a las víctimas como ocurrió la semana pasada en Rosario; o, si eso no es posible, ser destinado a instituciones sociales, culturales o deportivas y que, de alguna manera, la sociedad recupere aquello que perdió por una acción delictiva”.