Agencia Reconquista

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El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino volvió a expresarse respecto de la “grave situación” por todos conocida provocada por “los extraordinarios niveles de precipitaciones, agravado por la falta de obras estructurales, el inadecuado diseño o funcionamiento y el marcado déficit de mantenimiento de la infraestructura que provocaron inundaciones en buena parte del territorio”.

La entidad se solidarizó con todos los pobladores afectados por dicho evento y destacó que la situación supera los pronósticos más pesimistas y constituye un “desastre social y económico de consecuencias de todo tipo cuyos efectos se sentirán en toda la región”.

En tal sentido, calificó de necesario que los gobiernos de todos los niveles tomen conciencia de la gravedad de la situación y el “grave perjuicio ocasionado por las aguas” y acompañen a los habitantes y productores de la región para “hacer frente a la atención de esta emergencia y a la reconstrucción del tendido económico y social”.

En el comunicado dado a conocer en la tarde del viernes, CORENOSA citó que las estimaciones preliminares de las pérdidas económicas estimadas por la Bolsa de Comercio de Rosario ascienden a más de U$S 230 millones solo en los cultivos.

“Seguramente estos montos se seguirán incrementando en los próximos días. Por otra parte, esta situación provocará que se afecte toda la cadena de pagos y la actividad económica, social y cultural de las comunidades de la región cuya economía está fuertemente ligada a la actividad agropecuaria”, indicó.

Planteado ese panorama de desolación, solicitó a modo de reclamo medidas urgentes para atender lo inmediato, así como una batería de medidas para reconstruir el entramado social y económico de la región.

Pedidos puntuales

Puntualmente, pidió la declaración de Zona de Desastre de los 3 departamentos del norte (9 de Julio, Vera y Gral. Obligado) y la zona norte de San Javier; la homologación nacional de la declaración de desastre; considerar como ventas forzadas a las realizadas por los productores afectados por las inclemencias climáticas con requisitos extraordinarios y sencillos; la implementación del programa REPRO o similares que permitan la reducción de los aportes patronales con un trámite simplificado.

Asimismo, incluyó el diferimiento general de las obligaciones impositivas nacionales sin interesas (Pago de DDJJ IVA, anticipo y saldo de impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales); la suspensión de los intereses de los planes de financiamiento de AFIP; la reducción del impuesto integrado a monotributistas; la condonación del Impuesto Inmobiliario Rural a todos los establecimientos afectados, de los pagos de Patente Única sobre Vehículos y de Ingresos Brutos a los mismos conceptos sobre los que se aplica venta forzada.

Además, requirió la reducción y/o eliminación de la tasa de impuesto sobre los Ingresos Brutos de los comercios e industrias de la región; la reducción temporal del peso mínimo de faena de los terneros/terneras provenientes de establecimientos afectados por el fenómeno; y la autorización de documentación transitoria que permita el traslado, reubicación y maniobras sanitarias de la hacienda.

Y, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de las cuotas de los créditos vencidos o por vencer solicitó que “sean renovados a las mismas tasas que fueron tomadas sin aplicar intereses, multas y punitorios por el incumplimiento que pueda ocasionarse. Por otra parte, que dichos incumplimientos no modifiquen la calificación crediticia de los afectados”.

Fondo y créditos

El Consejo Constitución demandó la creación de un fondo de emergencia que permita acompañar a los productores en la emergencia; la ampliación de plazos sin sanciones y subsidio de tasa de las tarjetas, Agronación, Galicia Rural, Santa Fe Agro, etc; el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas para Reconstrucción tanto de la infraestructura (caminos, represas, aguadas, alambrados, etc.) y de créditos a tasas subsidiadas para reconstrucción de Capital de trabajo.

También el otorgamiento de crédito por plazo de 180 días a tasas diferenciales para compra de hacienda destinada a feedlot, para compra de alimentos e insumos sanitarios; y de préstamos a tasa 0 para recomposición de capital de trabajo a pequeños productores.

Además, exigió a los organismos nacionales y provinciales la “inmediata realización de un plan de obras para la recomposición de la infraestructura de la región, y la urgente elaboración de nuevas obras y actualización de infraestructura necesaria para evitar que este fenómeno vuelva a referirse o a morigerar los efectos”.

FUENTE: El Litoral