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POLITICA

30 de noviembre de 2018

Todos los jueces que asumieron desde 2017 pagarán Ganancias

A pesar de que así lo dispone una ley de 2016, hasta ahora sólo lo hacían doce en todo el país, que llegaron desde afuera del Poder Judicial. Esto en virtud de un recurso de amparo, que fue dejado sin efecto por el Alto Tribunal

Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

Télam / NA / La Nación / Clarín

La Corte Suprema de Justicia, en su reunión de acuerdos semanal, revocó por unanimidad la medida cautelar que impedía que los jueces de todo el país ingresados a partir del 1º de enero de 2017 paguen el Impuesto a las Ganancias, por lo cual esos magistrados y funcionarios judiciales comenzarán a estar alcanzados por el tributo desde ahora.

En rigor, la cautelar motorizada por la Asociación de Magistrados, otorgada por la Justicia de primera instancia y confirmada por la Cámara de Apelaciones, era aplicable a los magistrados que proviniesen del Poder Judicial, con lo cual -a pesar de que la ley del Congreso no hacía distinciones-, el impuesto sólo alcanzaba a los nuevos jueces que antes de eso no hubiesen tenido otro cargo en Tribunales. En la práctica, hasta la fecha pagan Ganancias sólo doce jueces nacionales y federales en todo el país, que asumieron en 2017 y que antes de eso ejercían como abogados.

Los cinco jueces de la Corte coincidieron en que en el fallo de la Cámara había sido arbitrario porque no estaban acreditados los requisitos que exige una medida cautelar. Es decir, solamente dejaron sin efecto esta disposición, pero no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión.

En cualquier caso, el fallo es un triunfo para el gobierno, que había apelado la medida ahora revocada. El próximo paso es que expediente vuelva al juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari para que siga adelante con el trámite.

“Estamos muy conformes. La Corte nos dio la razón”, dijo a La Nación el ministro de

Justicia, Germán Garavano, promotor del recurso contra la cautelar. “Ahora, la voluntad del gobierno es trabajar con los jueces en solucionar esto y creemos que tienen intenciones de avanzar en este sentido”.

De acuerdo con el nuevo fallo, se les empezará a descontar a los jueces el tributo. La idea del gobierno es sentarse en el marco de este juicio con su contraparte, la Asociación de Magistrados, y llegar a una solución que podría ser que los nuevos magistrados sólo paguen sobre las diferencias salariales y que no se afecte lo que ya ganaban en 2017.

Pero el Poder Ejecutivo aspira también a que el acuerdo al que lleguen sea la fórmula

para que todos los jueces, incluso los que llevan muchos años en el cargo, paguen sobre los aumentos que reciban en adelante. Eso requeriría una nueva ley.

La pulseada

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) había iniciado una acción de amparo el año pasado para impedir que los nuevos jueces se vean afectados por el tributo que pagan 2 millones de personas en la Argentina.

Ese amparo tuvo el respaldo en primera y segunda instancia en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y llegó al máximo tribunal de justicia que finalmente resolvió dejarlo sin efecto.

El amparo fue presentado contra la aplicación de la denominada “Ley Massot”: en diciembre de 2016, el Congreso sancionó una norma por cual pasaron a pagar Ganancias los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y provinciales, cuyo nombramiento hubiera ocurrido a partir de enero de 2017.

Al menos cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia están a favor de que los miembros del Poder Judicial sin excepción paguen el Impuesto a las Ganancias, como lo prevé un proyecto de ley que la UCR presentó en Diputados con el respaldo del PRO. Carlos Rosenkrantz, su antecesor Ricardo Lorenzetti; Horacio Rosatti y el cordobés Juan Carlos Maqueda, ya se expresaron públicamente a favor del pago de Ganancias, mientras que la única que está en contra es Elena Highton de Nolasco. No obstante, en este caso se sumó a sus pares para dejar sin efecto la medida cautelar.

Conflicto por el aumento

Mientras la Corte se abocaba al estudio del pago, el gobierno le negó los fondos que había pedido el Alto Tribunal para hacer frente al 20 por ciento de aumento previsto en la recomposición salarial de 2018 con los empleados judiciales.

Advertidos de la situación, desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que lidera Julio Piumato, lanzaron una movilización y confirmaron un paro para este jueves.

“Repudiamos este flagrante atropello a la independencia del Poder Judicial. Hasta que no se decida esto, vamos a paralizar la Justicia”, adelantó Piumato a Clarín.

Mediante una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el gobierno se excusa de no haber respondido antes el pedido de un refuerzo presupuestario de $ 1.605 millones de pesos realizado por la Corte en octubre, luego de acordar con los judiciales una suba salarial nominal del 40 %. “No fue respondida previamente por encontrarse en tratamiento el Presupuesto 2019 recientemente aprobado”, explica la misiva de Jefatura de Gabinete dirigida a los ministros del Alto Tribunal.

Ya en la respuesta concreta al pedido, Peña remarca “el esfuerzo que realizan el gobierno, los gobiernos provinciales y otros poderes del Estado” y sostiene que “la modificación de las partidas presupuestarias, tal como fuera solicitada, afecta fuertemente los recursos del Tesoro”.

En ese sentido, el jefe de Gabinete pide que “en un marco de esfuerzos compartidos”, la Corte disponga que, el incremento salarial del 10 % previsto para diciembre de 2018, “se otorgue en el próximo ejercicio fiscal”. Es decir, ya con la aplicación del nuevo Presupuesto. “En febrero, como la Administración Nacional”, agregaron desde el gobierno.

En tanto, Peña anunció que para acompañar el incremento del 10 por ciento dispuesto por la Corte para el mes de octubre, va a modificar partidas del actual ejercicio.

Cronograma

Para las próximas semanas, el cronograma de fallos de la Corte Suprema prevé nuevos pronunciamientos con impacto sobre la opinión pública. El 4 de diciembre resolverá si es posible aplicar el 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad y el 18 de diciembre fallará sobre el reajuste por jubilados.           FUENTE: EL LITORAL  

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