En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 “conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos” una “reforma del sistema de jubilaciones y pensiones” a la que considera “muy necesaria” y “socialmente equitativa” para “fortalecer la posición fiscal”, fomentar “el crecimiento económico” y crear “empleo en el medio plazo”.

Este compromiso con el FMI era esperable porque la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de 2016, fijó un plazo máximo de tres años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. Esto quiere decir que, antes de mayo 2019, tiene que haber un proyecto. Ahora, se reconoce que del diseño de esa reforma participará el FMI quien, en verdad, viene abogando hace tiempo por una reforma del sistema previsional en la Argentina.

En el Report 16/346, de noviembre de 2016, donde evalúa el programa del Gobierno, el FMI propuso:

+ Incrementar en forma gradual la edad de jubilación, en especial de las mujeres. Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, con 30 años de aportes, y los varones a los 65 años, también con 30 años de aportes, pero ambos tienen la opción de jubilarse a los 70 años.

+ Reducir el haber inicial de los futuros jubilados. Esto es bajar en un 20% la relación el haber jubilatorio inicial (que hoy ronda un 65% del salario promedio de los últimos 10 años). A modo de ejemplo dice que en muchos países el haber al momento del retiro jubilatorio es del 53% del salario.

+ Cambiar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad de los ya jubilados. Esto se concretó en diciembre de 2017. A septiembre pasado, esa fórmula arrojó un aumento del 19,2%, frente a una inflación interanual del 40,5%.

+ Transferir programas sociales de ANSeS a Desarrollo Social o Educación.

Para preparar esa reforma, la ley de Reparación Histórica creó el “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, presidido por el Ministerio de Trabajo, a integrar por distintos sectores y expertos para elaborar un proyecto de ley.