Mauricio Macri se plegó, en el sprint final, a la avanzada en el Congreso para modificar el régimen de alquileres, cuyo detalle grueso data de 1984 aunque en distritos como Capital y Santa Fe, hay legislaciones actualizadas.

Este martes, en Diputados, Cambiemos impulsará un pack de retoques que amplían el plazo de alquiler, regulan la indexación de los montos y, entre otros retoques, facilitan las garantías.

Con inflación en alza y paritarias en baja, el gobierno validó la propuesta del diputado del PRO Daniel Lipovetsky para, sobre un texto aprobado en el Senado, impulsar una reforma global.

Más de 6,6 millones de argentinos viven en viviendas alquiladas.

El apuro y la irrupción de Macri, el viernes en Olivos, fueron vistos con recelo por la oposición que durante meses reprochó que Cambiemos “durmió” en Diputados el texto que salió del Senado.

El proyecto se votó hace casi dos años, en noviembre de 2016, y lo empujó Silvina García Larraburu, que comparte bloque con Cristina Kirchner pero entonces estaba en el Bloque Justicialista (BJ) de Miguel Ángel Pichetto.

Al ruido político se agrega el rechazo de las inmobiliarias que dicen que reducirá la “oferta” y las dudas de las asociaciones de inquilinos que quieren otros cambios.

Cuestionamientos

Sobre el tema, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, advirtió que si el proyecto de ley de alquileres es sancionado por el Congreso, “muchas propiedades se van a retirar del mercado locativo para ponerse a la venta. Con los cambios previstos (en el proyecto) muchos dueños van a tomar la decisión de dejar de alquilar su propiedad y van a venderla”, alertó el empresario.

En declaraciones a Radio La 990, Pepe sostuvo que “la ley ya tiene media sanción del Senado y desde hace dos años está en la Cámara de Diputados. Recién ahora comenzó el apuro para sancionarla, pero hay cuestiones del proyecto que no nos parecen bien”.

Por caso, explicó que el alquiler “será indexado cada seis meses, con un ajuste sumatorio entre el índice de variación de sueldos y el costo de vida. Entonces, no se sabe cuál va a ser el valor locativo a partir del séptimo mes. Por lo tanto, a partir del séptimo mes será un salto al vacío. Lo preocupante es que un propietario alquila su inmueble y no sabe cuánto va a cobrar a partir del séptimo mes, en un país donde los índices inflacionarios son siempre complicados. Y para el inquilino lo mismo”, evaluó.

Además, Pepe consideró que “se necesita una garantía más sólida, no una garantía bancaria, que es carísima. Sale entre un 7 y un 8% del valor del contrato”.

Sobre este punto del proyecto, propuso “dejar un abanico de posibilidades para que el propietario elija la garantía”.

A su criterio, “la garantía no sería necesaria si tuviéramos una Justicia que funcionara bien. En el país no hay desalojos inmediatos. Hoy, sacar de la propiedad a un inquilino que no paga demora entre ocho y doce meses‘.

En este marco, este martes a las 14 se reunirá la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para avanzar en el análisis del proyecto de ley de Alquileres.

“Los honorarios no son el problema”

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina, Fira, expresó su postura respecto al proyecto de ley de alquileres. “En los últimos años hemos asistido a numerosos planteos que presentan el inconveniente de muchos argentinos para acceder a una vivienda a través de un alquiler o de la dificultad para pagar los cánones correspondientes, lamentablemente la mayoría de ellos cayeron en preconceptos y generalizaciones a los que estamos acostumbrados, y que carecen de un análisis riguroso y fundado, dando por resultado propuestas de soluciones mágicas y enunciación de culpables prejuzgados, que sólo sirven para discursos altisonantes que buscan apoyos de coyuntura, pero que nunca encuentran las soluciones reales a los problemas que tratan de resolver, sino más bien los acentúan y empeoran”.

Asimismo, indican que “se manifiesta un enfrentamiento entre los inquilinos y los corredores inmobiliarios por abusos que estos últimos cometen, generalizando esta situación sin identificar a los abusadores. En este caso incurrimos en un doble error, ya que la contraparte contractual del inquilino es el propietario y no el corredor inmobiliario que es un intermediario que tiene como único objetivo lograr que las partes lleguen a un acuerdo que les sea cumplible y acorde a sus objetivos”.

Señalan que “el segundo error es entender que el inquilino no está protegido contra los abusos y por ello debemos modificar la legislación. El inquilino está protegido por abusos contractuales por el nuevo Código Civil y Comercial que tomó en su articulado los de la Ley de Alquileres (que derogó en su sanción), y que estuvo vigente desde 1983, permitiendo sortear las mayores crisis económicas de nuestro país, sin crisis habitacionales en el sector de las locaciones y este articulado vela por los intereses de ambas partes contratantes y por ello ante cualquier abuso los inquilinos tienen habilitado la instancia judicial que declarará nulos los artículos abusivos. También están protegidos de los abusos de los corredores inmobiliarios en la mayoría de las provincias del país ya que los Estados provinciales han regulado el ejercicio del Corretaje Inmobiliario y ha creado Colegios Profesionales (como en las profesiones tradicionales), y los Tribunales de Ética que toman las denuncias y sanciona duramente las prácticas abusivas de sus matriculados. Llama la atención el bajo nivel de denuncias a matriculados en los distintos Colegios Profesionales del país, lo que demuestra que el mayor número de abusos son realizados por supuestos corredores no matriculados, para lo cual es imprescindible un mayor compromiso del Estado en la fiscalización del ejercicio ilegal de la profesión”.