La discusión del proyecto de ley de Código Procesal Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene media sanción de Diputados, fue el tema central de una reunión en la Cámara Alta en la que los senadores convocaron a jueces, fiscales y defensores.

“Es muy positivo acercar a los legisladores la realidad que vivimos los operadores del Poder Judicial”, dijo a su término la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Dra. Jaquelina Balangione. Aceptó conversar extensamente con un grupo de cronistas parlamentarios.

Balangione ingresó al Poder Judicial en 2006, como secretaria del Juzgado de Menores, luego fue jueza correccional y vocal de Cámara penal. En abril del año pasado juró como titular de la Defensa. “Reeducación”, “reinserción social”, “prevención” fueron las palabras clave más usadas por la responsable del órgano que recibe “el 100 %” de los jóvenes que tienen conflictos con la ley.

“No hay abogados particulares que defiendan a los menores”, resumió.

Marco legal

Con los menores “rige un criterio protectorio cuando el joven incursiona en el delito. Es lo que busca la normativa, tanto de fondo como en la letra de la ley, a nivel nacional y a nivel nacional, porque Argentina es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y está dentro de nuestra Constitución”, advirtió Balangione.

“No se busca la misma sanción que con los adultos, no es la misma persecución penal que corresponde a un adulto para aplicarle una pena. En el joven lo que se busca es la reeducación porque se entiende que el chico aún no ha terminado de armar su personalidad, la capacidad se va adquiriendo progresivamente y la Convención los considera niños hasta los 18 años. En la Argentina, la Ley Penal de fondo, que es la 22.278, habla de la franja entre los 16 y los 18 años y para hechos que son graves, porque el simple hurto de una bicicleta para los menores no es punible”, indicó.

Explicó que cuando son acusados de delitos que merezcan penas privativas de la libertad de más de dos años, “recién ahí, se puede imputar un delito a un joven y, en el futuro, aplicarle una pena”. Y subrayó: “lo que se busca es evitar la aplicación de la pena, lo que se persigue es la reeducación y la reinserción social”.

Especialización

Explicó que por las mismas razones “la especialización es necesaria” y que deben ser jueces y funcionarios especialmente preparados quienes se ocupen de esos casos.

Respecto de quién debe resolver la reinserción social de los menores, Balangione opinó: “Cuando la Justicia interviene ya no tenemos la posibilidad de la prevención, el delito ya se ha cometido, más allá de que toda la especialidad de la Justicia de Menores en lo Penal tiene como tarea principal buscar la reeducación”, insistió.

Sostuvo que la prevención “es tarea del Poder Ejecutivo, especialmente de la Subsecretaría de Niñez, porque todo está vinculado con la vulnerabilidad de la pobreza y de hogares donde muchas veces se ejerce violencia. Son políticas públicas que requieren un enorme esfuerzo, desde las escuelas y con otras acciones”.

Qué hacer frente al reclamo de “mano dura”

Periodista: —Hay una demanda social creciente que se resume como “mano dura”.

Dra. Balangione: —Es cierto. Y los senadores hicieron hincapié en que el Código Procesal nuevo va a traer una mirada diferente, un punto de vista que hoy no existe, que es que en el proceso penal también ahora se va a incorporar a las víctimas de los delitos.

—¿Qué se les puede decir a quienes reclaman esa mano dura?

—Creo que los medios de comunicación también tienen mucho que ver. En la Argentina es notable cómo se consumen noticieros. Todos vivimos escuchando y mirando los noticieros, y eso también ayuda o colabora a transmitir un mensaje a la sociedad que genera esta demanda social.

Lo hablábamos con los senadores, no son tantos los casos. El tema es cómo se los trabaja a esos casos. Y que la sociedad sepa también, que se explique también, cómo funciona la ley, cómo funciona la Constitución, la responsabilidad del Estado argentino por haber firmado los tratados que firmó y que hoy son parte de la letra constitucional y que generan una responsabilidad para el Estado en la protección de los menores.

—Hay un motor en esa demanda, que es el miedo.

—La sociedad tiene que saber que lo que se apunta con el Sistema Penal Juvenil tiene que ver con la Justicia restaurativa que es la que procura restaurar la paz social. Los casos de los que hablamos generan violencia y lo mismo esta misma demanda de la sociedad y esta corriente de opinión que a veces está de acuerdo con lo que los hechos indican, pero también a veces exagera un poco con lo que realmente ocurre.

Muchas veces lo que circula como noticia es algo recortado, no todo lo que se está haciendo en cada caso.

—Y ese temor genera más violencia.

—Es que hay muchos, muchísimos chicos que pertenecen a lugares populares, que son pobres, que no cometen delitos, que buscan trabajo y hacen lo que pueden dentro de las escasas posibilidades con que cuentan... Y que sin embargo son doblemente victimizados porque se les teme. Es mínima la cantidad de chicos que cometen delitos.

Sí es más frecuente que haya adultos que los usen para cometer delitos. Y en ese caso la sociedad tiene que entender, y el arco político del Estado también, que para ese menor no hay que buscar la sanción sino la reeducación porque obviamente está siendo instrumentalizado por adultos que tienen una capacidad plena que pueden elegir y determinar su conducta.

Con los menores es prioritario el criterio protectivo y la necesidad de rescatar al chico del delito, metiéndolo en una cárcel jamás lo vamos a rescatar. La prisión a edad temprana es muchísimo más dura, sus repercusiones son más fuertes. Un menor nunca saldrá mejor de una cárcel.