En conferencia de prensa, los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas y aplicaciones fitosanitarias.

El documento propone 12 principios para ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento. 

En este punto, -que suele suscitar polémica en cuanto a si se deben imponer distancias mínimas a las aplicaciones-, en el informe se señaló que “establecer distancias y superficies no es esencial en una zona de amortiguamiento”, sino que depende de otros factores.

“Zonas de amortiguamiento”

El documento define a estas áreas como “zona lindante o circundante a los ambientes que requieren especial protección por tener una o más características que los vuelven objeto de resguardo particular frente a los efectos negativos de la aplicación incorrecta de fitosanitarios”.

De esta manera, para su determinación, se consideran estos factores a tener en cuenta:

•  La proximidad de poblaciones humanas.
•  La protección de los servicios ecosistémicos, de los recursos naturales y de áreas protegidas.
•  La presencia de patrimonio cultural e histórico sensible.

En consecuencia, cada zona de amortiguamiento es variable y funcional a las particularidades de cada lugar: los metros vedados a los fitosanitarios pueden ser de unas pocas unidades en ciertas circunstancias o de unos cientos en otras, o depender de los tipos de productos utilizados y las condiciones metereológicas.

Además, el informe destaca que el proceso de diseño y planificación de estas zonas “debe realizarse de manera participativa y sobre la base de información científica y tecnológica relevante, disponible, adecuada y actualizada”. 

El trabajo propone también 1

2 principios “guía”, que hacen foco en un adecuado monitoreo de las aplicaciones, (incentivando al sector privado a establecer sistemas de “autocontrol”); el rigor científico en las políticas de gestión de riesgo, y la promoción de una “comunicación proactiva” para que el público interesado pueda acceder a información vinculada a las aplicaciones de fitosanitarios.

Otra de las propuestas es la creación y puesta en marcha de una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que tendrá una instancia de participación al público durante 30 días. “El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)”, explicaron en la conferencia.

FUENTE: EL LITORAL