La ajustada votación que logró “luz verde” para la ley de aborto legal, con una media sanción en Diputados, impactó en los profesionales de la salud y en los equipos médicos de los hospitales, que serán quienes deberán aplicarla, en el caso de que el Senado la convierta en ley. En Santa Fe, las posturas están divididas desde hace tiempo, al punto de que algunos hospitales ya favorecen la práctica y otros no.

La edad gestacional en que se habilita la interrupción del embarazo y cómo se va a ejercer la objeción de conciencia, son algunos grises que se desprenden del articulado, el detalle más fino de la futura aplicación. Por eso, para algunos profesionales, la ley “puede ser mejorada”.

Hospital Cullen
 

Fernando Ponzo es el jefe del servicio de Ginecología del hospital Cullen y responsable máximo en esa institución con respecto a la resolución de los casos de pedidos de abortos. Opinó que “es satisfactorio que se haya discutido un tema que ha sido siempre una realidad y que nunca se ha puesto en el tapete lo que viven las mujeres y las situaciones difíciles que nos toca vivir a los médicos en los hospitales públicos. Que esto tenga un marco legal da ciertas garantías y seguridades y, por lo menos, uno sabe a qué atenerse”.

Respecto a la ley, “no comparto, no hubiera votado a favor bajo ningún concepto porque me parece que un punto intermedio entre las dos posturas hubiera sido lo más razonable”, dijo. Y advirtió sobre “algunos baches que deja la ley, especialmente después de las 20 semanas donde la subjetividad de muchas indicaciones va a generar problemas muy parecidos a los que hemos estado teniendo en los últimos años”. A modo de ejemplo dijo que “va a haber pacientes que ante el embarazo van a seguir consultando a las 20/23 semanas, diciendo que las afecta psicológicamente, que no fue deseado y que altera su proyecto de vida, y esa indicación a mí en lo personal no me parece suficiente como para sacrificar una criatura. Distintas son otras causales como el aborto terapéutico, donde el riesgo de vida de la madre lo justifica o una violación, donde todos estamos de acuerdo que el aborto puede significar un alivio para la mujer. Me parece que la ley no protege del todo a los médicos”.

Por último, remarcó que “no tenemos que olvidarnos de la otra parte de la ley, que es una víctima inocente: el niño por nacer, que tiene sus derechos y tenemos que ver la manera de que también sean contemplados; sin quitar los derechos de la mujer no hay que olvidarse de los derechos del niño”.

Hospital Iturraspe
 

El Dr. Samuel Seiref está al frente del servicio Ginecología del hospital Iturraspe. También celebró el debate, pero opinó que “la ley -que prácticamente tuvo un empate técnico o sea que no tiene el apoyo de la mitad de la población- es muy discutible desde muchos aspectos”.

En primer lugar, “hay una contradicción en la edad gestacional habilitada para interrumpir el embarazo. Por un lado, establece el límite de 14 semanas, pero luego dice que si hay un riesgo para la vida o para la salud se puede interrumpir en cualquier momento. Exprofeso omite lo enunciado en el párrafo del artículo 86 del código penal que menciona ‘si esto no puede ser evitado por otros medios’. Además, habla de riesgo y no de peligro, y ya por vivir o por nuestras características genéticas y/o físicas, tenemos riesgo de salud o de vida. Estas consideraciones abren la posibilidad para que cualquiera, en cualquier momento, por cualquier circunstancia, pueda hacerse un aborto”.

 

Otro aspecto cuestionable para Seiref es el artículo que hace referencia a los objetores de conciencia. “Es discriminatorio e incluso parece remitir a listas negras de otras épocas. No es operativo que se tenga que hacer un listado de objetores. ¿Por qué no se hace un listado de quienes hacen la práctica y no tienen objeción de conciencia y listo, para que la gente recurra a ellos? Si vos te querés hacer una tomografía, buscás quiénes la hacen y vas, no buscás quiénes no la hacen. Parecería que se quiere que los objetores queden como ‘delincuentes que no hacen determinada práctica’. Incluso, a pesar de considerar la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional, en el artículo 11 de la ley enfatiza que el profesional tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a la realización “cuando se requiere atención médica inmediata o impostergable”. ¿Qué significa necesidad inmediata e impostergable, quien lo define?”, se pregunta, marcando uno de los grises del articulado. 

Plantea, además, que “si la preocupación es la salud de las mujeres, como se entiende que en el artículo 10 se alude a que el aborto debe ser realizado o supervisado por un profesional de la salud. Por un lado, eximiría a los médicos de ser los únicos que podrían realizarlo, pero por otro cabe preguntarse que si la idea es disminuir los riesgos de complicaciones, quien más que un médico especialista, es el más capacitado para ello”.

Finalmente, “llama la atención que las penas que propone la ley son a todas luces más severas que para delitos, desde mi punto de vista, más graves. Incluso serían no excarcelables. Resulta prácticamente inexplicable que se condene a prisión a un médico por negarse a hacer lo que hoy es un delito. Entonces me pregunto: a pesar de las muchas satisfacciones y soluciones que podemos brindar, con gran alegría, en nuestra práctica diaria, ante tantas posibilidades de litigio que tiene la especialidad, ¿que profesional querrá seguir brindándose, cuando pareciera que la sociedad (aunque solo esté a favor el 50%) lo obliga a faltar a sus convicciones?”.

Hospital Protomédico
 

El Dr. Darío Montenegro, director del hospital Protomédico, está en la vereda opuesta. Para él, la media sanción es “un avance importantísimo en el derecho a decidir de las mujeres” porque “deja de lado la cuestión de las causales y destraba la accesibilidad a la interrupción, de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) pasa a ser IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Y las personas que están en desacuerdo con la interrupción del embarazo van a seguir sosteniéndolo igual”.

 

Contó que con “el equipo estamos de acuerdo con cómo salió porque hasta las 14 semanas no se va a requerir ningún requisito más que la propia voluntad de la mujer de querer interrumpir su embarazo”. De todos modos, advirtió que antes de esa etapa gestacional, “no hay posibilidades de generar complicaciones físicas a la madre, pero de las 14 semanas en adelante aumenta la morbilidad por la posibilidad de sufrir hemorragias o infecciones, el procedimiento es más complejo y requiere de un legrado evacuatorio, con lo que se necesita la intervención de un equipo especializado, con quirófano y anestesista, y deberán realizarse en un hospital como el Cullen o el Iturraspe”.

Con respecto a la objeción de conciencia, “deja en claro que las instituciones no pueden ser objetoras, sino las personas, y obliga a los coordinadores, directores, etc. a que planteen equipos que no lo sean, o sea que los servicios tienen que garantizar la interrupción voluntaria, con lo cual no va a tener asidero legal que haya una institución donde todos sus integrantes sean objetores. Creo que algunos médicos van a sacarse un peso de encima y los miedos que tienen hoy para hacer las prácticas; otros no, van a radicalizar su posición. Ésos tendrán que correrse de los lugares de decisión que están ocupando”.

¿Qué va a cambiar en la realidad de la salud santafesina? “No creo que haya una estampida de interrupciones, sí puede haber un ligero incremento al principio, pero después vendrá un aplacamiento. Desde ya que va a generar una caída a cero de la mortalidad materna asociada a interrupciones clandestinas, sobre todo de mujeres de condiciones más desfavorables”. Por otro lado, opina que “van a ir desapareciendo otras prácticas, como el aborto quirúrgico”.

FUENTE: EL LITORAL