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13 de octubre de 2026

Quedó preso el exjefe de la planta de verificación automotor de Esperanza

El policía Cristian Gustavo Vittore es investigado por cohecho pasivo en el marco de la causa que recientemente tuvo a su primer condenado por el mismo delito.

El avance de la causa judicial por el cobro de coimas en la Sección de Verificación Automotor de Esperanza sumó un nuevo preso. Se trata del subcomisario Cristian Gustavo Vittore, máximo responsable de la dependencia policial perteneciente a la Unidad Regional XI.

El juez Lisandro Aguirre dispuso la prisión preventiva por el término de 30 días para el uniformado. La medida cautelar no requirió debate debido a que fue acordada entre el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el abogado defensor Federico Kiener.

De esta manera, la Justicia provincial ratificó la privación de la libertad para el jefe policial de la planta ubicada sobre calle Pueyrredón al 1500 de la cabecera del departamento Las Colonias. El plazo de un mes permitirá a la representación fiscal profundizar las pericias contables y el análisis de la voluminosa documentación secuestrada en los allanamientos.

juez Lisandro Aguirre. Foto: Flavio RainaIntervino el juez Lisandro Aguirre. Foto: Flavio Raina

La resolución se suma al complejo entramado institucional destapado en la Unidad Regional XI, donde recientemente se registró la primera condena firme del caso. La semana pasada el subinspector Luis Rodrigo Ulerich aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y fue sancionado con inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales.

Recepción de coimas

A Vittore se le atribuyó formalmente la autoría del delito de “cohecho pasivo” por hechos cometidos entre julio de 2021 y septiembre de 2025. Según la acusación fiscal, el subcomisario abusó sistemáticamente de sus funciones para percibir sumas de dinero en efectivo a cambio de validar trámites automotores ilegales.

El ardid principal consistía en la emisión irregular del Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, documento obligatorio para efectuar transferencias o inscribir unidades 0km. Las gestiones se concretaban al margen del procedimiento legal: sin turno previo, sin abono de tasas y omitiendo la inspección física de los vehículos.

La pesquisa contable conducida por el fiscal Hernández determinó que, únicamente entre enero de 2024 y mayo de 2025, el jefe policial suscribió de manera anómala 1.079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas. Por cada trámite fuera de la sede de Esperanza, el imputado cobraba tarifas fijas e imponía montos adicionales por viáticos para trasladarse a pueblos vecinos.

Rueda de prensa causa Armas del ex ministro Marcelo Sain. Fiscales Ezequiel Hernández y Matías BroggiInvestiga el Dr. Hernández.

Asimismo, la fiscalía sostiene que Vittore actuaba en connivencia con una gestora particular de la localidad de Sarmiento, identificada como Erica L., a quien le atribuyeron “cohecho activo”. Aseguran que, en diversas oportunidades, el jefe policial le entregó formularios firmados y estampados en blanco para que la intermediaria completara los datos de los compradores.

Uno condenado, tres presos

El dictado de la prisión preventiva para Vittore se produce días después de que el juez Gustavo Urdiales homologara el procedimiento abreviado que condenó al subinspector Luis Rodrigo Ulerich. El efectivo admitió su responsabilidad penal por “cohecho pasivo” y recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y una multa de 17.260.000 pesos.

La investigación iniciada a partir de una denuncia anónima ante el Servicio de Atención Ciudadana también salpica a otros dos agentes de la repartición. Los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti permanecen encarcelados bajo prisión preventiva desde mediados de septiembre, acusados de percibir dádivas para validar verificaciones.

Con la privación de la libertad de la máxima autoridad de la planta de Esperanza acordada por 30 días, el MPA avanza en el peritaje de teléfonos celulares y legajos. El fiscal Hernández busca determinar si existieron más maniobras ilícitas antes de presentar las acusaciones formales contra el grupo de policías y la gestora implicada.

Fuente: El Litoral

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