El cierre de FATE no es una noticia más. Es, quizá, un punto de inflexión. Un símbolo de la industria protegida argentina que, esta vez, no pidió un procedimiento preventivo de crisis ni reclamó auxilio. Simplemente avisó que cerraba. En un país acostumbrado a estirar agonías empresariales al amparo del Estado, el gesto resulta tan abrupto como revelador.

¿Por qué ahora? Porque el proteccionismo argentino nunca fue solo aranceles. Fue un entramado más complejo y costoso: subsidios generalizados —en particular a la energía, muchas veces administrados vía YPF—; barreras no arancelarias como medidas antidumping eternizadas; crédito licuado por inflación; salarios bajos en dólares sostenidos por devaluaciones recurrentes; y un sistema sindical rígido que encontraba en la inflación su razón de ser. Todo ese esquema permitió sobrevivir, pero no crecer.

El resultado fue conocido: pobreza estructural, desempleo encubierto absorbido por el Estado, expansión del empleo informal y una economía que, en términos relativos, se empobrecía mientras el mundo avanzaba. Mantener ese andamiaje se volvió cada vez más caro, no solo fiscalmente, sino también socialmente.

La Argentina intentó salir de ese modelo al menos tres veces. La primera, a fines de los setenta, con José Alfredo Martínez de Hoz. El estallido inflacionario de aquellos años marcó límites evidentes, pero la apertura real nunca llegó: la economía siguió cerrada y, paradójicamente, se fundaron emblemas del industrialismo protegido como Aluar. El mundo cambiaba, pero aquí se fabricaba lo mismo durante décadas.

El segundo intento llegó en los '90, con la globalización en marcha. La apertura fue parcial y regional, apoyada en acuerdos con Brasil. La convertibilidad expuso una verdad incómoda: con salarios altos en dólares, muchas industrias no eran viables. Luego irrumpió China, el sudeste asiático y el comercio electrónico, haciendo imposible frenar la competencia global. Las protecciones ya no alcanzaban y su costo se trasladaba a inflación y devaluaciones permanentes.

Mientras tanto, otros países tomaban decisiones distintas. Australia cerró su última fábrica de neumáticos en 2010 y no colapsó: elevó ingresos, amplió su parque automotor y mejoró su nivel de vida. Chile y México apostaron a la apertura; este último lo hizo de la mano del NAFTA, integrándose a cadenas globales con resultados palpables. No son modelos idénticos, pero sí señales claras de que la autarquía dejó de ser una opción viable.

Ese sueño —producir de todo, abastecerse con lo propio— terminó de morir. Y los industriales lo saben. Resistieron otras veces, pero hoy los costos de sostener el viejo esquema serían tan altos que prefieren cerrar antes que prolongar una ficción. Los que sigan deberán ganar escala, especializarse y exportar. Vender solo al mercado interno ya no alcanza.

La alternativa está a la vista: concentrarse en los sectores donde la Argentina es competitiva —alimentos, energía, pesca, madera, minería, economía del conocimiento, salud y servicios— y, si se decide proteger algo estratégico, hacerlo de manera moderna, acotada y con plazos claros. Proteger todo “porque existe” ya no es posible.

Por eso el cierre de FATE no es un episodio aislado. Es la confirmación de que el modelo agotó su recorrido. Tal vez, esta vez, la tercera sea la vencida.

Fuente: Cadena 3