El Gobierno de Santa Fe estudia el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que elimina la obligatoriedad del servicio de serenos de buques en los puertos argentinos y lo convierte en optativo. La medida encendió alertas en el cordón industrial santafesino por su posible impacto en la seguridad, el control estatal y el empleo, y ya es analizada por la administración provincial desde una perspectiva técnica y jurídica.

Así lo confirmó la secretaria de Transporte de la provincia, Mónica Alvarado, quien señaló –en diálogo con AIRE– que el tema está siendo abordado con una mirada integral, que contemple tanto la dinámica del tráfico fluvial como las responsabilidades del Estado en materia de control portuario.

Serenos de buques: Santa Fe analiza el DNU nacional para que no debilite la seguridad portuaria

“Estamos analizando el marco normativo vinculado al cabotaje, con una mirada integral orientada a promover un esquema que esté a la altura de las exigencias que hoy plantea el tráfico fluvial y la Hidrovía, en términos de eficiencia operativa, competitividad y previsibilidad”, afirmó la funcionaria.

Alvarado remarcó además que cualquier adecuación normativa debe ser evaluada con extrema cautela. “Somos muy cuidadosos de que cualquier cambio no afecte derechos constitucionales de los trabajadores ni funciones vinculadas a la seguridad y al control en los puertos”, sostuvo, y subrayó que se trata de “un tema con múltiples aristas operativas, laborales, de seguridad y de competencia”.

En ese sentido, indicó que la Provincia de Santa Fe está construyendo una posición institucional que combine “responsabilidad técnica y solvencia jurídica”, en un contexto donde la Hidrovía Paraná-Paraguay cumple un rol estratégico para el comercio exterior argentino y el desarrollo productivo regional.

Preocupación gremial y alerta por la seguridad

La desregulación del servicio de serenos de buques generó una fuerte reacción del Sindicato de Serenos de Buques en el cordón industrial del Gran Rosario.

Orlando Brizuela, delegado regional del gremio en San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, advirtió que la decisión nacional no solo implica la pérdida inmediata de puestos de trabajo, sino también un debilitamiento del sistema de control en los puertos.

“Desde 1904 somos auxiliares de la Prefectura Naval Argentina. Nuestra función es permanecer de manera permanente en los buques, con un rol preventivo y disuasivo”, explicó. Hasta enero de este año, la normativa exigía dos serenos por embarcación durante las 24 horas, un requisito que dejó de ser obligatorio tras la entrada en vigencia del DNU.

Según el dirigente, la eliminación de la obligatoriedad llevó a que muchas empresas dejaran de contratar el servicio para reducir costos. “Desde el 21 de enero quedamos sin empleo y sin ingresos. Y lo más grave es que el servicio no le cuesta un solo peso al Estado: lo pagan las agencias marítimas en nombre de armadores extranjeros”, remarcó.

Riesgos operativos, narcotráfico y ambiente

Desde el gremio advierten que la ausencia de serenos deja “zonas liberadas” en un corredor fluvial clave. Brizuela mencionó casos recientes de contrabando y narcotráfico detectados en buques, y alertó que sin presencia permanente a bordo se facilita el ingreso de cargas ilegales por vía fluvial.

Además, destacó el rol ambiental del servicio. “Hemos denunciado intentos de arrojar agua de slop contaminante al río Paraná y evitado que buques zarpen con incendios en salas de máquinas. Somos los ojos y oídos de la Prefectura”, afirmó.

Santa Fe observa el antecedente bonaerense

En paralelo al análisis provincial, el sindicato impulsa gestiones para que Santa Fe adopte una decisión similar a la de la Provincia de Buenos Aires. Allí, el Ministerio de Trabajo declaró la inaplicabilidad del DNU nacional y resolvió que la contratación de serenos de buques continúe siendo obligatoria en todos los puertos bonaerenses.

El dictamen, firmado por el ministro Walter Correa, sostiene que la norma nacional no resulta compatible con las competencias provinciales en materia laboral y de control portuario, y apunta a resguardar fuentes de trabajo y estándares de seguridad.

Brizuela confirmó que ya mantuvo contactos con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el ministro de Producción, Gustavo Puccini, además de reuniones con la propia Alvarado. “Estamos poniendo en conocimiento al Gobierno provincial de la gravedad de lo que ocurre en nuestros ríos y de los riesgos que implica esta desregulación”, señaló.

Mientras el debate avanza, Santa Fe evalúa los márgenes legales y políticos para garantizar que cualquier cambio normativo no debilite la seguridad, el control estatal ni los derechos laborales en uno de los sistemas portuarios más importantes del país.

Fuente: Aire Digital