¿Cuánto cuestan los concejales en la Argentina? La pregunta parece simple, pero la respuesta es una radiografía perfecta de cómo funcionan —o mejor dicho, cómo gastan— muchas administraciones locales. La Fundación Libertad relevó 76 ciudades del país y encontró un dato que debería preocupar a cualquiera que pague tasas municipales: cada concejal cuesta, en promedio, 259 millones de pesos por año. Sí, por persona. Sí, por año.

Y no hablamos solo de sueldos: el estudio toma el presupuesto total del Concejo Deliberante, que en la mayoría de los casos está inflado por algo que ya todos sospechamos: personal, personal y más personal. Concejales que funcionan como si fueran CEO's de una multinacional, con plantillas de empleados que cualquier pyme envidiaría… o temería.

Los casos más llamativos parecen sacados de una novela futurista. En Posadas, cada concejal le costará a los vecinos 1.442 millones de pesos en 2025. Uno imagina una ciudad del primer mundo, limpia, moderna, hiper-tecnológica, donde cada edil coordina flotas de drones que asfaltan calles mientras controlan el tránsito. Pero no: la realidad es mucho menos glamorosa y bastante más cara.

En Río Gallegos, cada concejal cuesta 1.388 millones. En San Miguel de Tucumán, 1.090 millones. Después siguen San Salvador de Jujuy con 1.000 millones y Ushuaia con 907 millones. Si los números fueran un indicador de calidad legislativa, Argentina tendría la mejor política municipal del planeta. Pero sabemos que no es así.

El contraste es brutal cuando se mira la otra punta del ranking. En Comandante Fernández, Chaco, un concejal cuesta 24 millones de pesos. Es decir: 60 veces menos que uno de Posadas. ¿Cómo se justifica una diferencia así entre ciudades argentinas, con los mismos problemas cotidianos y las mismas obligaciones institucionales? La respuesta es simple: no se justifica.

El gasto total de los 76 concejos relevados asciende a la friolera de 335.000 millones de pesos. Y uno no puede evitar pensar cuántas calles se podrían asfaltar, cuántas luces se podrían colocar, cuántos centros de salud se podrían abrir. Es difícil no indignarse cuando uno descubre que hay municipios donde el presupuesto del Concejo Deliberante triplica al de obras públicas. Sí: tres veces más plata para la política que para arreglar las veredas.

Hay datos que directamente rozan lo absurdo. En Posadas, cada concejal tiene 122 empleados. No una oficina, no un equipo reducido: una empresa entera. En Río Gallegos, 66 empleados por concejal. En Jujuy, 49. Y así. Nadie parece preguntarse por qué. Nadie parece querer explicarlo. Nadie parece exigir recortes.

Y todo esto ocurre en un país donde los intendentes y gobernadores reclaman más fondos nacionales, se quejan porque “no alcanza”. Pero después destinan un 15% del presupuesto municipal —como en Posadas— exclusivamente al Concejo Deliberante. Un 15% solo para el funcionamiento político, no para servicios, no para infraestructura, no para la comunidad.

La discusión no es si los concejales deben existir. Claro que deben. La discusión es por qué un vecino de Ushuaia debe pagar 114.000 pesos por año, de su propio bolsillo, para sostener un solo concejal. Por qué en Río Gallegos cada habitante aporta 84.000 pesos anuales. O por qué un concejal tucumano cuesta ocho veces más que uno mendocino.

Si la política municipal quiere recuperar credibilidad, este es el punto de partida: explicar qué hacen con la plata. Y si no pueden explicarlo, entonces toca hacer lo obvio: recortar. Porque no puede ser que en medio de un país en crisis, con municipios sin recursos para lo básico, tengamos concejos deliberantes que funcionan como estructuras faraónicas sostenidas por vecinos que ya bastante tienen con llegar a fin de mes.

Fuente: Cadena 3