Para Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, hablar de radares no es hablar de multas sino de política pública. Insiste en que la radarización es una herramienta que solo se habilita tras un proceso técnico riguroso y bajo condiciones que las comunas deben cumplir estrictamente.

“No queremos escondernos detrás de un árbol. Queremos que la gente sepa que estamos mirando porque creemos que el control es una política de Estado”, sintetiza.

Torres aclara que todo comienza en el territorio. Son los municipios y comunas los que suelen pedir la instalación de un cinemómetro cuando advierten riesgos en zonas donde las rutas atraviesan áreas urbanas, hay clubes, predios deportivos o sectores con actividad nocturna. Pero la APSV no habilita nada sin antes realizar un diagnóstico.

Observatorio Vial

“Vamos con el Observatorio de Seguridad Vial y verificamos si se justifica o no. Muchas veces vimos que no era necesario colocar un radar, sino otra medida, como un reductor de velocidad o una loma de burro”, explica. Ese primer filtro determina si el pedido avanza o se descarta.

Cuando el Observatorio -a cargo de Sebastián Kelman- emite un dictamen favorable, la comuna debe iniciar la segunda etapa, que involucra a empresas especializadas.

“Nosotros les marcamos dónde puede estar el cinemómetro y qué cartelería se debe colocar. Después la empresa tiene que hacer la verificación primitiva con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que es el único organismo estatal habilitado para controlar estos equipos”, detalla Torres. Sin la certificación del INTI y sin señalización completa, la APSV no autoriza su funcionamiento.

Juzgados SIJAI

A ese procedimiento técnico se suma un requisito institucional decisivo: la existencia de un Juzgado de Faltas SIJAI (Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones).

“Le exigimos a las comunas que tengan juzgado de faltas con todos los ID, la estructura y la capacitación hecha. Si no tienen SIJAI, no les permitimos que avancen. Sin un sistema de juzgamiento serio, no habilitamos ningún radar”, afirma. Para Torres, es una garantía de transparencia que impide el uso discrecional o recaudatorio de los controles.

La provincia opera hoy con dos esquemas: radares propios, controlados por la APSV, y radares de municipios y comunas instalados bajo convenio.

“Nuestros equipos son unos 15 y los de convenios ya superan los 50”, precisa. A eso se suman los radares móviles, que realizan “control de velocidad con detención”: cuando detectan una infracción, detienen al conductor, lo identifican, notifican el acta y realizan alcoholemia en el momento. “Es una intervención directa que tiene un fuerte impacto preventivo”, destaca.

Un conflicto de contexto

Este funcionamiento fue puesto en discusión a raíz de la polémica por el radar fijo del kilómetro 5,8 de la ruta nacional 168. Vialidad Nacional intimó a la provincia a retirarlo alegando falta de autorización para los soportes y la conexión eléctrica.

Fuente: El Litoral