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26 de noviembre de 2025

Avance de palomas y cotorras en girasol: productores reclaman la declaración de plaga en Santa Fe para poder controlarlas

Productores del norte santafesino alertan por pérdidas crecientes en los cultivos y advierten que la presión de las aves se agrava cada campaña. Reclaman un marco legal que habilite herramientas de control y permita frenar el impacto sobre la producción y las zonas urbanas.

En el norte de Santa Fe, productores agropecuarios advierten por el avance de los daños provocados por palomas y cotorras sobre los lotes de girasol en plena etapa de maduración.

El testimonio de los productores ante el avance de las aves

La situación generó creciente preocupación en el sector y reactivó el reclamo para que la provincia declare plaga a estas especies, lo que permitiría habilitar herramientas de control.

Raúl Zamer, productor de Avellaneda, describió a AIRE Agro un panorama crítico en sus campos. Afirmó que es “difícil calcular el daño” y que hoy existen “lotes en proceso de maduración, en partes con 50% de daño”.

Según explicó, al cultivo “todavía le faltan 25 días (o un mes) y el daño final es difícil de determinar”, con sectores donde “la torta” de girasol queda completamente consumida.

Más allá del impacto ya visible, Zamer advirtió que “lo más preocupante es lo que falta para la cosecha” y sostuvo que el pedido de declarar plaga no es nuevo. “En la zona siempre pedimos que declaren plaga a paloma y cotorra, para poder hacer algo”, señaló. También mencionó que las aves generan inconvenientes en áreas urbanas, donde “hay mucho daño por las heces”.

El productor aseguró que existe predisposición a encarar medidas de control, pero falta un marco normativo: “Los productores están dispuestos a la inversión para combatirlas, pero se necesita un marco legal”.

En ese sentido, reclamó que los legisladores “vean la situación del productor” y graficó la magnitud del problema: “Las retenciones pasaron a un segundo plano, con esto tenemos mucha más pérdida”.

Una problemática que crece año a año

Federico Dyke, ingeniero agrónomo y asesor de la Unión Agrícola de Avellaneda, sostuvo que “cada año se complica más el problema de los pájaros”, que no solo afectan girasol sino también sorgo, maíz y trigo.

En el caso del girasol, explicó que la presión ocurre en dos etapas: “En emergencia con las plántulas, sobre todo en cabeceras; y ahora, cuando empieza a granar: la cotorra come de la torta y la paloma lo que desgrana”.

La declaración como plaga de estas especies serviría para habilitar el uso de herramientas de control, por ejemplo repelentes.

Dyke advirtió que la actual campaña muestra un nivel inédito de afectación: “Todos los lotes están afectados; normalmente es poco en las cabeceras”.

Según indicó, la declaración como plaga de estas especies serviría para habilitar el uso de herramientas de control. Entre ellas mencionó los repelentes, que actúan como sustancias que “el ave come y se indigesta”, y señaló que contar con ese respaldo normativo “sería de mucha ayuda”.

Un trámite pendiente en la Legislatura

El reclamo coincide con un proyecto presentado en octubre de 2024 por el senador por San JustoRodrigo Borla, que propone declarar plaga la superpoblación de palomas en toda la provincia.

En sus fundamentos, el legislador —actual titular del bloque de Senadores Radicales— describe a la paloma como un animal que, pese a su apariencia inofensiva, es una amenaza para la producción agropecuaria, el patrimonio urbano y la salud pública.

Borla señala que la población de palomas crece 3,6 veces por año y provoca perjuicios crecientes en cultivos como girasol, sorgo, maíz y soja, además de daños en ciudades debido a la corrosión que genera su materia fecal en edificios y monumentos. También detalla riesgos sanitarios por enfermedades como psitacosis, Escherichia coli y afecciones dérmicas relacionadas con parásitos.

El proyecto propone crear un Programa Provincial de Control Poblacional de Palomas y designa al Ministerio de Producción como autoridad de aplicación. Según Borla, su aprobación permitiría al Ejecutivo desplegar políticas activas para evitar perjuicios a la salud, al ecosistema y a la producción agropecuaria, remarcando que la falta de intervención estatal agrava el problema.

Fuente: Aire Agro

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