Esta semana muchos se sorprendieron e indignaron con la propuesta del consultor Emanuel Álvarez Agis –viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof entre 2013 y 2015– de implementar un impuesto al efectivo.

Cuando arreciaron las críticas ante tan insólita iniciativa, Álvarez Agis trató de componer la cuestión aduciendo que la misma también contempla la eliminación del impuesto al cheque –tributo que perjudica a quienes están bancarizados–, entre otras cargas tributarias.

La particular lógica detrás de ese razonamiento es que los consumidores preferirían pagar con métodos electrónicos para evitar el impuesto al efectivo, lo que terminaría forzando la regularización de muchas pequeñas y medianas empresas.

Tengo que alertar, lamentablemente, que la propuesta no termina ahí, porque tiene un capítulo dedicado al sector agropecuario diseñado –dice el proyecto– para equilibrar la matriz comercial.

La iniciativa dispone que se implementarán controles para camiones con cargas de hacienda y pollos en las principales rutas nacionales y provinciales, en los cuales se verificará el destino de tales cargamentos. Cuando los mismos se destinen a frigoríficos exportadores, entonces no pagarán nada y podrán continuar hasta el destino programado.

No será tarea fácil aplicar el cálculo del tributo del 5% en especie, pero probablemente se aplique la ley de redondeo hacia arriba.

Sin embargo, si los camiones no tienen como destino una planta habilitada para exportación, entonces deberán abonar en especie un tributo proporcional al 5% de la carga, alícuota equivalente al derecho de exportación vigente para carne vacuna de novillo (la proveniente de vacas está exenta de derechos de exportación) y carne aviar.

No será tarea fácil aplicar el cálculo del tributo del 5% en especie, pero probablemente se aplique la ley de redondeo hacia arriba, lo que quizás pueda resultar por demás pernicioso para las cargas de hacienda; con los pollos, la cuestión no sería tan grave.

La medida, si bien tiene el foco puesto en carnes, también se aplicaría a otros productos, como es el caso del trigo, que abonaría un 9,5% en caso de ser destinado a molinos no habilitados para exportación.

La filosofía kafkiana detrás de esa propuesta es que, para evitar perder proveedores, la mayor parte de las industrias afectadas promoverían su inscripción como unidades habilitadas para exportación –con todos los costos que eso conlleva–, lo que redundaría posteriormente en la necesidad de tener que exportar para poder compensar la inversión realizada.

Así, según se fundamenta en la increíble iniciativa, se incrementarían las exportaciones agroindustriales para terminar de manera definitiva con la restricción de divisas presente en la economía argentina.

Alguien podrá preguntar, ¿qué va a hacer el Estado con todos los cobros en especie? La propuesta no lo menciona, pero es probable que terminen en matarifes municipales, mercados populares o comedores escolares.

Está claro para cualquier persona con sentido común que tal desvarío es inaplicable, pero, de todas maneras, viene bien que se haya puesto sobre la mesa, porque los productores, ante el alevoso “riesgo kuka”, van a terminar entendiendo que los derechos de exportación cobrados por el líder, Javier Milei, no son un impuesto, sino un aporte a la causa libertaria, la cual, como toda epopeya, tiene un costo que es necesario asumir ¡Viva la libertad, carajo!

Fuente: Aire Agro