El gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, constató la infracción por el desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. Además, se detectó el inicio de obras industriales sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) obligatorio. Frete a esta situación, las autoridades provinciales intimaron al cese de desmonte, se clausuró el predio, frenó el emprendimiento y denunció el caso ante la Justicia.

En ese sentido, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, explicó que “no se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción y el trabajo, pero siempre dentro del marco de la ley”.

Amparo colectivo ambiental

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático tomó conocimiento del caso a través de una alerta emitida por el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación. A partir de dicha notificación, se iniciaron actuaciones que permitieron identificar a la empresa Algoservicio S.A., dedicada al desmonte de algodón, como titular del predio en cuestión. En el marco de ese proceso, la empresa reconoció haber realizado desmontes por 47.5 hectáreas y obras para la instalación de una planta algodonera sin contar con las autorizaciones ambientales exigidas. Luego de las constataciones pertinentes, la provincia decidió llevar el caso ante la justicia.

La denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsó a que la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe promoviera una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En el marco de esta causa, el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Tostado dictó una medida cautelar que ordena la prohibición de toda intervención en el bosque nativo ubicado en el distrito de Logroño, departamento 9 de Julio, así como el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción presentes en el predio sin autorización. La resolución judicial también exige que la empresa se abstenga de realizar futuras acciones sobre la zona, ya que se trata de un área clasificada como Categoría I - Zona Roja por la Ley Provincial N° 13.372 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, de máximo valor de conservación.

La sanción fue resultado de la labor conjunta de la Secretaría de Biodiversidad, que intervino en el marco de la Ley Provincial, y de la Secretaría de Ambiente, según Ley Provincial 11.717/99, que constató la construcción sin el Estudio de Impacto Ambiental, herramienta central para evaluar riesgos y definir condiciones de desarrollo sostenible.

Ley Nacional de Bosques

El caso refleja la importancia de la Ley Nacional de Bosques (N.º 26.331), que protege los ecosistemas más valiosos del país y clasifica los territorios en diferentes niveles de conservación. “La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”, agregó Estévez.

“El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ratifica que el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que sea motor de desarrollo humano, sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones”, concluyó el ministro de Ambiente y Cambio Climático.

Cómo funciona en Sistema de Alerta Temprana de Deforestación

Este sistema tiene como objetivo detectar de forma continua la pérdida de bosques nativos en todo el país. Para ello, genera reportes quincenales que advierten sobre situaciones que comprometen su conservación, como desmontes o intervenciones no autorizadas. Este monitoreo se realiza a partir de procesos automatizados con imágenes satelitales, complementados con análisis visuales especializados.

Gracias a esta herramienta, se fortalece la capacidad de control y vigilancia de las autoridades provinciales, quienes reciben alertas periódicas para actuar rápidamente. Además, el sistema es de acceso libre y público, lo que permite a la sociedad civil participar activamente en la defensa de los bosques nativos.

Fuente: Sin Mordaza