La reciente controversia en torno a la presentación del gobierno sobre audios supuestamente obtenidos de manera ilegal en la Casa Rosada genera un debate fundamental sobre la libertad de expresión y los límites del poder. 

Félix Lonigro, como constitucionalista, establece claramente que es preferible que se cometa un delito y luego la justicia lo condene, a que se imponga la censura previa. En este contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra en el centro de la polémica con audios que, aunque no son los de España, involucran a los mismos periodistas y un juez cuya reputación está cuestionada.

La presentación del gobierno se realiza ante un juez que enfrenta denuncias de abuso y acoso laboral, lo que añade una capa de complejidad a la situación. Solo se incluyen audios de una fecha específica, supuestamente grabados en la Casa de Gobierno. Durante la mañana, varios analistas, incluyendo al doctor Lonigro y otros abogados constitucionalistas, han enfatizado la importancia del artículo 14 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión desde 1853. Este principio es esencial para cualquier sociedad democrática y no es una idea nueva.

La libertad de expresión no se limita a los periodistas, sino que es un derecho de todas las personas. Ignorar este aspecto por parte del gobierno agrava el error cometido, ya que su solicitud resulta inconstitucional y es probable que la justicia anule la resolución cautelar dictada por el juez. 

Además, la Constitución fue promulgada hace más de ciento setenta años, y hoy en día, resulta casi imposible evitar que se difunda información, ya que cualquier audio o imagen puede ser compartido en redes sociales.

La decisión del gobierno no solo despierta morbo al habilitar la curiosidad sobre las grabaciones prohibidas, sino que también plantea la pregunta de qué intenta ocultar. Es posible que la secretaria general no esté al tanto del contenido de lo grabado, pero la situación se convierte en un problema de seguridad. Si se puede grabar a un funcionario en su despacho, esto plantea serias dudas sobre los niveles de seguridad interna que maneja el gobierno.

La responsabilidad de la seguridad recae en el actual gobierno, aunque no se puede ignorar la existencia de delincuentes que operan en el sistema de poder argentino. Las operaciones políticas que se despliegan en medio de la campaña electoral son, en muchos casos, de baja calidad y fáciles de desbaratar, salvo en aquellos casos que abren investigaciones judiciales. 

Aquí es donde se debe discernir entre maniobras políticas y la posible comisión de delitos que comprometan a funcionarios del gobierno.

La pregunta que queda es por qué un gobierno que se presenta como defensor de la libertad de las personas opta por cercenarla. ¿Qué miedo lo lleva a actuar de esta manera? ¿Por qué no encuentra la salida a un laberinto que es evidente para todos? La situación plantea demasiadas preguntas para un juego que debería tener respuestas más simples. 

La búsqueda de una solución que implique violar la Constitución para resolver un entuerto político, en el contexto de una campaña electoral, es una decisión que merece un análisis profundo. 

Fuente: Cadena 3